Gobernabilidad es un concepto complejo, dinámico e histórico que puede ser entendido como el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para dirigir los asuntos de un país a todos los niveles. Nos referimos entonces a los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales las ciudadanas, los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos, enfrentan sus obligaciones y median sus diferencias . Tal y como se reconoció en la Cumbre del Milenio, la gobernabilidad democrática es esencial para alcanzar los ODM ya que ofrece el “ambiente propicio” para que ellos se cumplan y, en particular, para eliminar la pobreza.

Desde la mirada de género, la gobernabilidad democrática exige una revisión profunda sobre los conceptos de democracia y pluralismo; así como una reflexión acerca del concepto de ciudadanía en sus dimensiones civil, política y social. Las mujeres todavía hoy encuentran serias limitaciones al ejercicio de su ciudadanía y muchas de ellas –al igual que otros grupos históricamente discriminados- están relegadas a una ciudadanía de segunda.

¿Cómo podemos hablar de democracia y de gobernabilidad democrática si la mitad de la población encuentra serias limitaciones en el ejercicio de su ciudadanía, si encuentra coartada la libertad para ampliar sus opciones? ¿De qué democracia estamos hablando? La gobernabilidad democrática no puede entenderse sin equidad de género.

La plena participación de las mujeres es un prerrequisito para una gobernabilidad verdaderamente democrática y una asignatura pendiente en la región latinoamericana. La desigual distribución de poderes, cargas y responsabilidades tanto en las esferas públicas como privadas, la exigua concepción de la participación política (que invisibiliza el aporte de las mujeres en otras actividades u organizaciones “políticas”), los obstáculos a nivel de mecanismos, instituciones y procedimientos, las resistencias en las esferas políticas a la inclusión y participación de las mujeres e incluso el descrédito y la no identificación con el sistema son algunas de las causas de la subrepresentación femenina en los puestos de toma de decisión en las estructuras formales en todos los niveles (regional, nacional y local).

La incorporación activa de la mujer en estos espacios profundizará la democracia y es un primer paso imprescindible para reformar el Estado (nacional y local) y constituir sistemas públicos más equitativos y para crear un nuevo marco de relaciones y de convivencia entre hombres y mujeres en las sociedades latinoamericanas. Pese a los avances en la situación de las mujeres en aspectos como la educación o el empleo, y el empuje incuestionable que han logrado medidas como las cuotas, las mujeres latinoamericanas ocupan solamente un 19% de los escaños parlamentarios.

Otro tema clave en la región es que, al igual que otros grupos históricamente discriminados, los derechos de las mujeres no siempre son garantizados por los sistemas legislativos, electorales y judiciales. Eso implica la necesidad de reformar todos estos sistemas y estructuras para que tomen en cuenta la dimensión de género y para que respondan más adecuadamente a la realidad y a las necesidades de la gran diversidad de personas que integran nuestras sociedades. Eso pasa por eliminar las barreras que las mujeres enfrentan como candidatas y como votantes, reformar los sistemas electorales para superar las limitaciones que les impiden participar en los procesos electorales, garantizar su acceso a una justicia sin sesgos de género y el cumplimiento de los mandatos nacionales e internacionales que velan por sus derechos, reformar las instituciones del Estado para que sean inclusivas y sensibles al género, etc.

Pero la igualdad de género pasa también por la necesidad de transversalizar género en las acciones públicas, incluyendo legislación, políticas y programas gubernamentales en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos y también en la distribución de los ingresos y los gastos públicos, a través de la elaboración de presupuestos sensibles al género. La región latinoamericana, en especial los Mecanismos Nacionales de la Igualdad y la sociedad civil, está impulsando importantes iniciativas en este sentido, pero todavía sigue siendo un gran reto la incorporación sistemática del enfoque de género en las políticas públicas.

Otro tema relevante para la región es el tema de la (in)seguridad ciudadana. La construcción de las identidades de género, es decir lo que significa ser mujer u hombre en una sociedad determinada, es un factor de riesgo a considerar tanto en la predisposición a ejercer como de sufrir violencia. No en vano, en los países con mayores índices de violencia, los hombres (normalmente jóvenes) son la mayoría de víctimas y de victimarios en los homicidios y las mujeres sufren mayoritariamente la violencia de género que es ejercida mayoritariamente por los hombres. Sin embargo, este análisis suele ser poco valorado en los diagnósticos, investigaciones y políticas sobre seguridad. La percepción de seguridad o de inseguridad también varía enormemente de mujeres a hombres.

Pero incorporar una mirada de género al tema de seguridad significa integrar esta perspectiva en la reforma de instituciones como la policía o considerar el uso diferente de los espacios públicos por parte de hombres y mujeres de diferentes edades o desagregar por sexo la información sobre el delito y la violencia, por ejemplo. Pasa también por dejar de considerar la violencia contra las mujeres como un tema o una preocupación de las mujeres, como un tema aparte, para situarlo como lo que es, un problema de seguridad ciudadana, además de una clara violación a los derechos humanos. Si quieres leer más sobre estas cuestiones,

Por último, hay que destacar la necesidad de fortalecer en la región tanto a los Mecanismos Nacionales de Igualdad que promueven desde los Estados la igualdad de género como al movimiento de mujeres, actor abanderado de los derechos de las mujeres en los países.