La región de América Latina y el Caribe ha sido duramente golpeada por los conflictos armados, tanto internacionales como internos (Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú), desde 1950 hasta la actualidad. Algunos países, como Colombia, continúan en conflicto, otros se encuentran en procesos de paz y otros están implementando sus procesos de paz y reconciliación. Sin embargo todos tienen en común las constantes luchas por el poder político, la débil estructura legal e institucional, los graves niveles de marginación debido a brechas de orden político, social, económico, cultural y de género, y la desprotección de los derechos de mujeres y hombres por parte de los estados (CLADEM, 2007).

La mirada de género ayuda a ver cómo viven los conflictos hombres y mujeres, y cómo son víctimas diferenciadas de los mismos. El predominio de un “modelo” de masculinidad y de un proceso de socialización orientado a la resolución violenta de los conflictos, hace a los hombres más vulnerables a ser reclutados, asesinados o lastimados durante las ofensivas. Sin embargo, las mujeres tienden a ser mayoría entre las víctimas civiles de la guerra, así como a sufrir consecuencias indirectas por la desintegración social y el desplazamiento. Además, las desigualdades de género existentes antes del conflicto, hacen que este encuentre a las mujeres en situación de mayor desventaja y vulnerabilidad respecto al acceso a la educación, tierras y recursos, participación política, etc. Y con frecuencia estas desigualdades se intensifican durante la guerra.

Durante el conflicto armado tanto hombres como mujeres son víctimas de desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales, desplazamiento y exilio. Sin embargo, hay un tipo de violencia que merece especial atención por su crueldad y su especificidad de género; se trata de la violencia sexual que ocurre mayoritariamente contra mujeres y niñas, pero también –cada vez más- contra niños y hombres. La mutilación sexual, las uniones forzadas, los embarazos no deseados, las violaciones, el control de la reproducción, la dificultad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la imposición de normas sexistas y homofóbicas mediante control de prendas y accesorios, el secuestro, la esclavitud sexual, la anticoncepción, el aborto y la prostitución forzada, etc. son algunas de las formas específicas de violencia sexual que sufren las mujeres (BRIDGE, 2003).

El cuerpo y la vida de las mujeres son utilizados como arma de guerra, para desmoralizar a los combatientes y sembrar el terror entre la población y especialmente entre las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Así, el 88.7% de las mujeres víctimas de violación sexual en Guatemala fueron mayas; en Perú, el 75% fueron quechuahablantes y el 83% de origen rural; en Colombia las mujeres representan el 75% de la población desplazada y son, junto con las afrodescendientes, indígenas y campesinas, las que se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia sexual (CLADEM, 2007).

La violencia sexual fue una práctica sistemática realizada en todos los países estudiados, por todos los actores del conflicto armado. Sin embargo, los principales perpetradores de violencia sexual como estrategia de guerra fueron los agentes del estado. Así, este patrón sistemático y generalizado contra la población civil constituye, según el estatuto de Roma (1998), un crimen de lesa humanidad (CLADEM, 2007).

Otra de las caras terribles de los conflictos armados tiene que ver con el reclutamiento de niñas y niños soldados. Se desconoce el número exacto de menores que en la actualidad están atrapados en conflictos como combatientes. Pero por ejemplo, existen datos que indican que los grupos armados y las milicias urbanas de Colombia han llegado a reclutar a 14.000 niños y niñas en los últimos años. No todos participan en los combates, a muchos se les obliga a someterse a esclavitud sexual (especialmente a las niñas) o se les hace trabajar como cocineros, sirvientes, mensajeros o espías. A menudo los grupos armados, e incluso las fuerzas gubernamentales, reclutan menores porque es más fácil que estos se sometan a una obediencia ciega y cometan los actos más atroces. Así, niñas y niños son separados de sus familias, son introducidos en el consumo de drogas y alcohol, son obligados a ejercer violencia y en definitiva a renunciar a su infancia y a enfrentar serias dificultades para reinsertarse socialmente (UNICEF, 2005).

Los conflictos armados provocan también cambios en los roles y normas de género y la división del trabajo. Las mujeres continúan con los roles de cuidado de las familias, a los que se suman el cuidado de los hombres u otros familiares heridos y la responsabilidad de cubrir las crecientes necesidades de abastecimiento en tiempos de escasez de los recursos. Al mismo tiempo, las mujeres encuentran la oportunidad de asociarse e ingresar a la vida pública y comunitaria, a la cual habían tenido limitado acceso antes del conflicto. Sin embargo, con el fin del conflicto a menudo regresan a sus roles tradicionales, ante la presión de los hombres una vez desmovilizados.

Sabías qué...? Las mujeres representaron el 30% de las/os combatientes del FMLN en el El Salvador y el 60% de las personas involucradas en redes y tareas de apoyo y; en Colombia, entre 5-10% de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son mujeres, y constituyen el 30% de las FARC (CLADEM, 2007).

No obstante, incorporar la mirada de género en los conflictos armados no debe limitarse a realzar la victimización de las mujeres. Ellas son también agentes del conflicto y de la paz, perpetradoras de la violencia y pacificadoras (INSTRAW, 2009). Además de asumir la jefatura del hogar, las mujeres crearon y participaron en organizaciones de base y de derechos humanos, y han protagonizado importantes movimientos a favor de la paz (como la Iniciativa de Mujeres por la Paz y la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia).

A pesar de su importante papel a favor de la paz y la restitución del tejido social, las mujeres apenas han estado presentes en las negociaciones. En general, han participado en las consultas vinculadas a la paz a través de las organizaciones de mujeres, pero no como negociadoras directas. Su participación no implicó la inclusión de disposiciones de género en países como El Salvador u Honduras. Sin embargo, los Acuerdos de Paz de Guatemala sí incluyen algunas disposiciones generales sobre la participación de las mujeres, la promoción de la CEDAW, reformas legales y protección especial para ellas. Esto se vio favorecido por la adopción de la Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1992, que constituyó el primer instrumento que recoge la violencia contra la mujer como una forma de discriminación. Así, los informes finales de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala y la Comisión de la Verdad de Perú, cuentan con información sobre la violencia sexual en el conflicto armado (CLADEM, 2007).

Resoluciones de Naciones Unidas:

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado dos resoluciones relativas a la protección de mujeres y niñas en los conflictos armados; La Resolución 1325 (2000) solicita entre otras cosas, la integración del enfoque de género y la participación completa y equitativa de las mujeres en todos las iniciativas de paz y seguridad y; la Resolución 1820 (2008) destaca por señalar que “la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio”. Ver más en compromisos.

 

Los procesos de justicia transicional (enfoque de justicia surgido a finales de los 80 y principios de los 90 para dar respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos) han ignorado los impactos de la violencia sexual sobre la identidad, la salud sexual y reproductiva y las relaciones de las mujeres. Además, el miedo a las represalias y al rechazo de la comunidad, provocan que las mujeres no denuncien la violación de sus derechos. Es sumamente importante que los estados asuman la protección de hombres y mujeres, a través de procesos de justicia, verdad y reparación, destinados a romper el círculo de violencia y a evitar futuros conflictos. De lo contrario, se pueden generar mayores tensiones en las relaciones de género, el regreso a roles tradicionales, traumas psicológicos sin atención, incremento en las brechas de género y falta de equidad, lo que supone una base muy débil para la construcción de la paz.

Sabías qué...? El Salvador y Honduras no cuentan con normas de reparación para las víctimas de violencia sexual en conflicto armado, mientras que aquéllas existentes en Colombia, Guatemala y Perú tienen problemas en su implementación (CLADEM, 2007).

La recuperación post-conflicto, es una oportunidad sin precedentes para construir nuevos marcos sociales e institucionales basados en la justicia social y la igualdad de género. Es clave adoptar un enfoque de género, que permita tomar en cuenta a las mujeres a nivel individual y colectivo, en los procesos de reconstrucción de la sociedad civil, la reorganización de las fuerzas armadas, la desmovilización de combatientes, la reorganización política de la sociedad (eliminando las barreras a su participación tanto como votantes como candidatas) y en la reorganización social, donde las nuevas redes constituidas por las mujeres durante el conflicto son un valioso capital social.