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Con la (re)democratización vivida en gran parte de América Latina a partir de los años 80, inició también en la región un cambio de paradigma del concepto mismo de seguridad. De un enfoque de seguridad centrado en la defensa de las fronteras e intereses del Estado –seguridad nacional-, se pasó a una nueva visión centrada en la seguridad de las personas. Desde este nuevo enfoque, denominado seguridad ciudadana, la protección de la vida, la integridad y las libertades de las y los ciudadanos, se convierte en el deber más inmediato de los Estados (PNUD, 2009a).

Este cambio de paradigma ocurrió de manera simultánea a un aumento imparable del delito y la violencia, derivado de la agudización de los procesos de exclusión, segregación y fragmentación social, y en definitiva de las profundas desigualdades e inequidades que caracterizan las sociedades latinoamericanas. Así, la (in)seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central en la agenda política de todos los gobiernos de la región. Sin embargo, se sigue obviando un aspecto crucial: si bien la violencia y la inseguridad afecta al conjunto de la ciudadanía, hombres y mujeres en función de su sexo, origen étnico-racial, edad, identidad de género, orientación sexual, etc., la viven, ejercen y perciben de distinta manera. Por ello es necesario incorporar la perspectiva de género y diversidad a las políticas públicas de seguridad ciudadana, a fin de garantizar que éstas respondan a las necesidades diferenciadas de seguridad de unas y otros.

En este sentido, el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 (PNUD, 2009a), hace referencia a las “inseguridades invisibles o invisibilizadas”, entendidas como la discriminación sufrida por ciertos grupos identitarios (población indígena, afrodescendiente, LGBTI) y segmentos de la población (según sexo y edad) en la esfera de seguridad. Estas poblaciones están expuestas a mayor riesgo ante determinados delitos (por ejemplo los actos de violencia derivados del racismo, xenofobia, homofobia, etc.) y a una mayor desprotección del sistema social, ya que a menudo las instituciones e incluso la comunidad, no actúan con la misma diligencia cuando los delitos son perpetrados contra estas poblaciones.

El análisis de la (in)seguridad ciudadana desde una mirada de género permite descubrir formas ocultas de violencia que afectan a mujeres y hombres, y tener una mejor comprensión de sus causas, consecuencias e impactos. Así, los hombres son violentados fundamentalmente en el espacio público y predominantemente por desconocidos (también varones). Son más proclives a ser coaptados por las pandillas, y constituyen la amplia mayoría del porcentaje de homicidios de la región. Asimismo, reportan mayor cantidad de amenazas de muerte y son los más afectados por los delitos contra el patrimonio (esto se relaciona con su mayor acceso y control sobre bienes y recursos económicos).

Por el contrario, los mayores riesgos de violencia para las mujeres proceden de varones conocidos y se dan al interior de sus hogares. La violencia sexual es una de las formas de violencia con mayor especificidad de género. En países como Nicaragua y Honduras, más del 60% de las violaciones y entre 50 y 90% de las agresiones sexuales, tienen como víctimas a mujeres menores de 20 años. Algunos países muestran también la existencia de un número importante de violaciones a niños varones de 5 a 9 años, sin embargo este tipo de violencia afecta a las mujeres en todos los momentos del ciclo vital (CEPAL, 2008).

La violencia intrafamiliar y la trata de personas con fines de explotación sexual, son dos de los fenómenos que afectan mayoritariamente a las mujeres, niñas y niños. La OMS calculó para 2002 que entre un 10% y un 36% de las mujeres latinoamericanas habían sido objeto de violencia intrafamiliar física o sexual y que entre el 70% y el 80% de las víctimas de violencia sexual fueron niñas. En la gran mayoría de los casos, los agresores viven con las víctimas o son familiares directos de las víctimas (CEPAL, 2008).

Respecto a la relación de mujeres y hombres con la delincuencia y la violencia, podemos decir en líneas generales que los hombres cometen más delitos que las mujeres, y que hombres y mujeres cometen delitos diferentes. Las mujeres generalmente cometen delitos ordinarios (pequeños robos y fraudes, narcomenudeo, prostitución o agresiones leves) mientras los hombres son los que generalmente cometen los crímenes más graves (homicidios, robos, narcotráfico, violencia intrafamiliar, violencia sexual, etc.), aunque cabe señalar que cada vez hay más mujeres involucradas en la trata y tráfico de personas.

El análisis de género permite también ahondar en las causas de la violencia, ya que muestra cómo la construcción social de la masculinidad lleva asociado el recurso a la violencia como forma de resolver los conflictos y de mostrar la propia “hombría” y como el patrón de feminidad describe a las mujeres como seres débiles que deben evitar la confrontación y someterse al control del “sexo fuerte”. Si queremos revertir los altos índices de violencia en la región, es preciso transformar estos modelos de comportamiento masculinos y femeninos y construir nuevos modelos de masculinidad y feminidad basados en el respeto y la igualdad. Sin embargo, este análisis suele estar poco presente en los diagnósticos, investigaciones y políticas sobre seguridad.

La (in)seguridad en los espacios públicos
Como hemos visto, la mayoría de homicidios contra hombres suelen ocurrir en sitios públicos, a manos de desconocidos. Por el contrario, el lugar donde las mujeres sufren mayor grado de violencia es el hogar, a manos de sus parejas y exparejas. Sin embargo, son las mujeres quienes expresan una mayor sensación de inseguridad en los espacios públicos, y quienes restringen en mayor medida sus vidas por el miedo a transitar por determinadas zonas o a determinadas horas (PNUD, 2009a). Son varias las razones que justificarían esta configuración de género en la percepción de peligro:
  • El miedo –real- al abuso sexual o la violación cuando la víctima del delito violento es una mujer.
  • La frecuencia –y aceptación social – de conductas que, aún no estando tipificadas como delitos, tienen un gran impacto en la sensación de inseguridad de las mujeres. Entrarían aquí toda la gama de comportamientos supuestamente “galantes” o “graciosos” que despliegan muchos hombres en el espacio público, tales como “piropos”, miradas o chistes de carácter sexual, y otras conductas invasivas como tocamientos en el transporte público.
  • La construcción de la identidad femenina como sinónimo de debilidad, indefensión y vulnerabilidad y la socialización de las mujeres, desde niñas, en la idea que el espacio público es un espacio potencialmente peligroso para ellas, y que el único espacio seguro es el hogar.
Tanto la percepción de inseguridad como la socialización temprana, implican para las mujeres un continuo control y autocontrol sobre sus comportamientos, formas de vestir, horarios, actividades y lugares que frecuentan. La “renuncia” al espacio público por parte de las mujeres supone una restricción de su autonomía y sus posibilidades de participación en los espacios de interacción social en los que se construye el sentido de ciudadanía y de identidad colectiva. Y sin embargo, paradójicamente, es en el espacio privado donde las mujeres experimentan más violencia (Vargas, 2007).

La reacción personal y social frente a la victimización es diferente para mujeres y hombres. Luego de un hecho violento, las mujeres tienden a culpabilizarse por lo sucedido. La internalización del espacio público como masculino y por ello vedado para las mujeres, contribuye a que se sientan responsables cuando son víctimas de algún delito en la vía pública, por circular en horarios considerados inapropiados o con determinada vestimenta. No se puede olvidar tampoco la revictimización que sufren las mujeres por parte de su entorno social y las instituciones de seguridad. Cuando una mujer denuncia una situación de violencia, muy frecuentemente encuentra que las instituciones a las que acude cuestionan o minimizan la agresión, cuando no la hacen responsable de la misma (Falú, 2009). Un aspecto central en la lucha contra la (in)seguridad de las mujeres es la incorporación de una mirada de género en los procesos de reforma policial y en el sistema de administración de justicia.

La rápida y descontrolada urbanización de los países de la región se ha traducido en escasez de espacios públicos, degradación de ciertos sectores urbanos, fragmentación de los espacios y desconexión entre las zonas residenciales y las zonas en las que concentran los servicios y las actividades laborales. La recuperación y adecuación del espacio público (iluminación, eliminación de barreras arquitectónicas, etc.), la provisión de servicios seguros de transporte público y la distribución de servicios por toda la geografía urbana, son elementos esenciales para aumentar la percepción de seguridad de mujeres y hombres.

Es impostergable desarrollar políticas de seguridad ciudadana con enfoque de género, entendidas como el conjunto de acciones sociales e institucionales dirigidas a proteger la vida, integridad y libertades de las mujeres y los hombres, en un marco de aplicación de la ley y respeto de los derechos humanos. Dichas políticas deberán:

  • Considerar las diferentes amenazas a la integridad y libertades de hombres y mujeres provocadas por las desigualdades de género y otras desigualdades existentes en una sociedad determinada
  • Actuar para prevenir, atender y controlar las infracciones y violaciones a la seguridad de mujeres y hombres, en los diferentes ámbitos y ciclos de su vida y tomando en cuenta sus diversas identidades y pertinencias, y valorando los aspectos de género que las explican.
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UNIFEM, con el apoyo de AECID, está implementando el Programa Regional “Ciudades Seguras: Violencia hacia las Mujeres y Políticas Públicas”, que tiene como propósito “fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades”. El Programa Regional se plantea elaborar propuestas innovadoras, generar mecanismos de colaboración y reflexión conceptual, y desarrollar y comparar experiencias de intervención en ciudades. Los resultados esperados a largo plazo del Programa son los siguientes:

• Ampliación del conocimiento y fortalecimiento del debate público sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades.
• Incorporación del tema de la violencia de género en agendas de organizaciones sociales y en políticas públicas.
• Propuesta de Modelo participativo de intervención socio-territorial desarrollado, replicado e incorporado en políticas públicas.
• Fortalecimiento de redes, para su incidencia frente a los gobiernos y las instancias a cargo de políticas públicas.

El Programa Regional da continuidad y profundiza un proceso de articulación entre organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos, ya iniciado en la región. Fortalece una estrategia de trabajo con las redes de mujeres y feministas de la región, que han contribuido en los últimos años al debate político, y a la generación de propuestas con el objetivo de incidir en políticas públicas.

América Latina Genera colabora con Ciudades Seguras para difundir, visibilizar y posicionar esta temática en los debates de seguridad ciudadana que se dan en la región. Ver más

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