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En sus hogares y en la calle, en tiempos de guerra y de paz, y en todos los países del mundo, millones de mujeres de todos los estratos socio-económicos, edades, orígenes étnicos, etc. viven el terror cotidiano de sentir su vida e integridad amenazadas por una única razón: ser mujeres.

 

 

 

 

 






Especial del 25 de noviembre
Campaña UNETE


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  • La mitad de las mujeres ecuatorianas asesinadas en 2008 murieron a mano de su pareja o ex pareja, en la mayoría de los casos en su propia casa (CEPAL, 2009).
  • En 2007, aproximadamente un 32,6% de las mujeres urbanas y un 34,1% de las mujeres rurales de 15 años de edad en adelante que no estudian no cuentan con ingresos propios (CEPAL, 2009).
  • Casi 4 de cada 10 mujeres bolivianas sienten que su pareja ejerce distintas formas de control sobre su comportamiento, relaciones y vida (CEPAL, 2009).
  • El 67% de las mujeres mexicanas han vivido incidentes de violencia por parte de su pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela (Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006).
  • Una de cada 10 mujeres salvadoreñas ha sufrido violencia sexual, la mitad de ellas antes de haber cumplido 19 años (Encuesta Nacional de Salud Familiar 2008).
  • De los 2920 homicidios de mujeres registrados en Guatemala en los últimos 5 años, solamente se informaron 186 detenciones, lo cual equivale a una tasa de impunidad del 94% (CEPAL, 2009).
  • Se estima que 50.000 dominicanas trabajan en la industria del sexo, principalmente en Europa, muchas de las cuales podrían ser víctimas de trata internacional con fines de explotación sexual (CEPAL, 2007).
  • 23 mujeres detenidas durante un operativo policial en San Salvador Atenco (México) denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de los policías que las custodiaban (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2006).
  • El 36% de las mujeres en situación de desplazamiento en Colombia han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos (Ministerio de Protección Social de Colombia, 2003).
  • Todos los actores del conflicto colombiano utilizan la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres como estrategia de guerra (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006).
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Por terroríficas que estas cifras puedan parecer, no son más que la punta del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico que envuelve la violación de derechos humanos más extendida, y sin embargo más tolerada e impune: la violencia contra las mujeres (CEPAL, 2007). Las razones de esta invisibilidad estadística son diversas: la renuencia de las víctimas a presentar denuncias; el desconocimiento y/o reticencia del personal sanitario y policial a registrar situaciones de agresiones a mujeres como casos de violencia de género; la debilidad de los sistemas de registro estadístico y la descoordinación y no comparabilidad entre los registros empleados en cada institución, etc. Esta situación hace que sea imposible conocer las dimensiones reales del problema, y darle una respuesta integral y efectiva.

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En los últimos años, se están dando importantes pasos en la región para erradicar la violencia contra las mujeres (VCM). El avance más importante ha sido sacar del ámbito privado la violencia de género, donde era visto como un asunto privado y ajeno a la intervención del Estado. Gracias al impulso del movimiento amplio de mujeres, se ha llevado a la esfera pública y se empieza a situar como un problema social, reconociéndose que la VCM es una violación de los derechos humanos.

También, se ha evidenciado que la VCM supone un grave problema de salud pública, que compromete la salud física, erosiona la autoestima y el bienestar emocional y atenta contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Representa asimismo un freno para el desarrollo de los pueblos, en razón de los altos costos sociales y económicos que impone a las propias mujeres, la comunidad y el Estado. Actualmente se está empezando a conceptualizar la VCM como un grave problema de (in)seguridad ciudadana, que compromete la gobernabilidad democrática de las sociedades. Por tanto, su erradicación requiere de intervenciones integrales y coordinadas intra e intersectorialmente, que involucren a los actores estatales y la sociedad civil y abarquen los distintos ámbitos; educación, cultura, salud, seguridad, protección social, justicia, legislación y políticas públicas.

Definir qué es la VCM no ha sido una cuestión fácil. La definición más comúnmente aceptada en la actualidad es la establecida en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por las Naciones Unidas en 1993, en donde se entiende por violencia contra la mujer: “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Además, la declaración reconoce que la VCM es “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres” y “uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”. Así, permite una mejor comprensión de las causas y da pautas para un abordaje integral del problema.

A nivel regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), recoge las demandas del movimiento de mujeres del continente y las convierte en compromisos para los Estados. En ella se reafirma que la raíz de la violencia son las relaciones desiguales de poder entre los géneros y que ésta incluye la violencia física, sexual y psicológica.

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Luces sobre Violencia de Género

Todos los países de América Latina y el Caribe han firmado la Convención, y han ido adoptado leyes y modificado sus códigos penales y civiles de conformidad con la misma. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones se centran en la violencia doméstica y sexual y dejan sin atender otras manifestaciones de la violencia; son muchos los países que todavía privilegian la mediación y conciliación en casos de VCM, e incluso algunos países mantienen aún disposiciones jurídicas que eximen al agresor de actos de violación si contrae matrimonio con la víctima, o que consideran las agresiones sexuales como delitos contra el honor.

La mayoría de los países de la Región han formulado planes y programas de lucha contra la VCM. En general, estos programas están a cargo del Mecanismo Nacional de Igualdad, que coordina su implementación con los sectores de salud, justicia, seguridad y educación, así como con redes y organizaciones de mujeres. No obstante, el impacto de estos programas ha sido muy limitado debido a la falta de voluntad política, que se traduce en bajos presupuestos y discontinuidad de los programas; en la baja cobertura y calidad de los servicios de atención implantados; en la débil articulación interinstitucional e intersectorial; en la ausencia de auténticas políticas nacionales de prevención y en la atención marginal prestada al empoderamiento y promoción de la autonomía de las mujeres (CEPAL, 2007).

Las políticas y acciones impulsadas por instituciones gubernamentales y la sociedad civil, para mejorar la atención a las víctimas y la reparación del daño físico, psicológico, económico y social provocado por la violencia, son sin duda importantes avances. Sin embargo, sus efectos serán muy limitados y su carácter meramente paliativo, mientras no haya una voluntad firme de atacar la base misma del problema: la persistencia de patrones estereotipados de masculinidad y feminidad que otorgan a los hombres derechos de control sobre las mujeres y naturalizan el ejercicio de la violencia.

 

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