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A través del cuestionamiento de la dicotomía público/privado que subyace al discurso de los derechos humanos, el movimiento feminista ha logrado incorporar en la agenda política una serie de cuestiones relacionadas con la sexualidad y la reproducción. Así, y gracias principalmente al impulso del movimiento de mujeres y la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales), en los últimos años se ha ido avanzado en la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Sin embargo, se trata de un proceso incipiente y en construcción, que se enfrenta además a distintas ideologías conservadoras, contrarias a la ampliación de los derechos humanos hacia espacios de autonomía sobre el propio cuerpo y la sexualidad.

El Programa de Acción resultante de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, es el primer instrumento internacional que incluye explícitamente la “salud sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” dentro de los derechos humanos a proteger. Así, afirma que los derechos reproductivos “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia (Capítulo VII, A).

Al año siguiente, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, reafirma esta definición de los derechos reproductivos y da un paso más, al ampliar el alcance de los derechos de las mujeres a cuestiones que podrían reconocerse como una formulación inicial de los derechos sexuales: “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual” (Párrafo 96).

Desde entonces, el concepto de “derechos reproductivos” ha conseguido cierta aceptación global, si bien muy limitada y confrontada. A ello ha contribuido en gran medida el movimiento amplio de mujeres que, en su esfuerzo por desmontar la visión hegemónica de la identidad femenina como sinónimo de maternidad, se ha focalizado en la reivindicación del derecho de las mujeres a decidir libremente si tener o no tener hijos, a contar con la información necesaria y al acceso a métodos anticonceptivos. Esto es, a reivindicar la maternidad como una opción y no como un destino.

Los derechos sexuales, por el contrario, no aparecen mencionados en ningún instrumento de derechos humanos y su conceptualización está resultando mucho más problemática. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos la sexualidad se ve frecuentemente asociada a problemáticas como la violencia sexual, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, la infección del VIH o la mortalidad por abortos clandestinos. Desde esta mirada, el centro de atención de los derechos sexuales se sitúa principalmente en el derecho a una sexualidad libre de coacciones, discriminaciones y violencia. Si bien desde el movimiento de mujeres se reconoce la indudable necesidad de identificar los derechos sexuales en términos de violaciones de derechos, también se reivindica la necesidad de definirlos desde una óptica más positiva, que ponga el acento en el derecho a gozar plenamente del cuerpo (Petchesky, 2000).

A falta de una definición consensuada de los “derechos sexuales”, la más comúnmente aceptada es la definición resultante de una reunión de trabajo organizada por la Organización Mundial de la Salud, la cual retoma algunos de los señalamientos del movimiento de mujeres (OMS, 2002):

 

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Los derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, los documentos internacionales sobre derechos humanos y otras declaraciones de consenso. Entre ellos se encuentra el derecho de toda persona, sin coacción, discriminación ni violencia, a:

  • alcanzar el nivel más elevado posible de salud en relación con la sexualidad, incluido el acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva,
  • buscar, recibir e impartir información sobre la sexualidad,
  • recibir educación sexual,
  • que se respete su integridad física,
  • elegir pareja,
  • decidir si ser o no sexualmente activa,
  • mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo,
  • contraer matrimonio de mutuo acuerdo,
  • decidir si tener o no hijos y cuándo,
  • llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.
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Uno de los puntos más controversiales y confrontados de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos es el tema del aborto. El derecho al aborto seguro y legal ha sido una demanda del movimiento de mujeres desde hace décadas. A pesar de ello, la región de América Latina está viviendo graves retrocesos con la aprobación de nuevas legislaciones que penalizan el aborto en cualquier circunstancia.

En la actualidad, sólo Cuba permite el aborto libre. En el otro extremo, Chile, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua (desde 2009) no permiten el aborto aún en los casos en los que la vida de la mujer embarazada corre peligro. En los otros países, el aborto es ilegal, aunque las leyes contemplan excepciones a la pena cuando el embarazo supone un riesgo para la salud física o psíquica de la madre (aborto terapeútico) y en otras circunstancias puntuales; cuando el feto presenta malformaciones graves (aborto eugenésico) y/o si el embarazo es consecuencia de una violación (aborto ético). No obstante, aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, el acceso de las mujeres al mismo se encuentra severamente restringido a causa de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad política necesaria (Human Rights Watch, 2005). Esto se traduce en situaciones de muertes y problemas de salud por la realización de los abortos de manera clandestina e insalubre para las mujeres de escasos recursos y en viajes clandestinos a países más permisivos en relación al aborto para las mujeres con recursos económicos. Al final, de nuevo, soluciones dispares basadas en la desigualdad de nuestra región.




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