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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) representa un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres y es referencia obligatoria en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Fue aprobada en por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, y entró en vigor en 1981.

En el preámbulo de la Convención se constata que, a pesar de los instrumentos jurídicos existentes que consagran la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las sociedades y se reafirma que ésta atenta contra la dignidad humana y obstaculiza el bienestar de la sociedad y la familia. El Artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Al ratificarla, los Estados parte de la Convención se obligan jurídicamente a adoptar una serie de  medidas dirigidas a lograr: el pleno desarrollo y adelanto de la mujer (art. 3); la igualdad de facto entre hombres y mujeres (art. 4); la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres (art. 5); la supresión de todas las formas de trata y explotación en la prostitución de las mujeres (art. 6); la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país (art. 7); la promoción de la participación de la mujer en la esfera internacional (art. 8); la no discriminación en cuanto a la nacionalidad (art. 9); igualdad de derechos en el ámbito de la educación (art. 10); en el empleo (art. 11); en la atención médica (art. 12); en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares (art. 16) y; en la promoción de la mujer en el mundo rural (art. 14), entre otros.

mini_publicacion-cedawLos derechos y obligaciones que emanan de la Convención se han ido precisando y ampliando con el tiempo, a través de las Recomendaciones, entre las cuales cabe destacar la Recomendación No. 19 referida a la violencia contra la mujer, la Recomendación No. 24 relativa a la mujer y la salud y la Recomendación No. 26 sobre las trabajadoras migrantes.

La CEDAW representa un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres por diversas razones (UNIFEM, 2006):
  • Es un instrumento jurídicamente vinculante: la definición que hace de discriminación tiene valor legal y pasa a ser parte de la normativa nacional de los Estados signatarios.
  • Prohíbe la discriminación en todas las esferas, pública o privada, de la vida.
  • Precisa que el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho: en el reconocimiento, el goce o el ejercicio.
  • Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos al recoger en un único instrumento  derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, así como derechos colectivos y el derecho al desarrollo.
  • Promueve un modelo de “igualdad sustantiva” que comprende igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultado.
  • Obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Amplía la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales.
  • Faculta a los Estados para adoptar medidas temporales de “acción afirmativa”.
  • Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra la mujer y obliga a los Estados a eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres.
En diciembre de 2000, y gracias a la intensa labor de incidencia del movimiento de mujeres, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Este introduce el procedimiento de peticiones o comunicaciones individuales por medio del cual cualquier víctima, “personas o grupos de personas”, puede presentar al Comité quejas por una violación de sus derechos, que resulte de una acción u omisión del Estado parte. El Protocolo faculta además al Comité para iniciar investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas de los derechos de la mujer en un Estado parte.

El Protocolo Facultativo viene a equiparar la CEDAW con otros tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, al ser opcional, los Estados pueden no ratificarlo. Incluso aquellos Estados que lo ratifiquen pueden formular reservas a los procedimientos de comunicación e investigación.

La CEDAW ha sido firmada e integrada al marco normativo de todos los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, sólo 17 han ratificado su Protocolo Facultativo: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,  Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela. Por su parte, Chile, Cuba y El Salvador han firmado el Protocolo, pero de momento no lo han ratificado. Los 15 países restantes no lo han firmado ni ratificado (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe / CEPAL, 2010).

Treinta años después de la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, América Latina requiere todavía un mayor compromiso por parte de los Estados y de la sociedad, para garantizar el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos de las mujeres.

 

 

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