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América Latina y el Caribe se caracterizan sin lugar a dudas por la diversidad de identidades étnico-raciales que conviven en sus extensas tierras. El proceso de colonización que irrumpió en la historia de los pueblos originarios en el siglo XVI y el posterior esclavismo colonial que arrancó brutalmente a millones de africanos y africanas de sus orígenes durante siglos configuran hoy la América Latina y el Caribe que conocemos.

En el siglo XIX era casi incuestionable la idea de que las razas constituían subdivisiones de la especie humana. Posteriormente la ciencia admitió que las diferencias entre los grupos humanos sólo podían explicarse a partir de su origen histórico y cultural. A partir de entonces empezó a cobrar mayor importancia el concepto etnia o identidad étnica, referida a los rasgos culturales compartidos en una población, como el lenguaje, la religión, la cosmovisión, la idea de pertenencia y la historia común enraizada en mitos y tradiciones.

A pesar de los avances en materia de derechos humanos realizados desde entonces, la marca del racismo y la xenofobia sigue todavía viva y se hace patente en la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestros días. Las desigualdades de género se suman a las múltiples formas de discriminación que obstaculizan el derecho al desarrollo y la autodeterminación de mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes.

En la región existen entre 33 y 35 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, alrededor de un 8% de la población total, distribuidos en diferentes etnias, culturas y lenguas. Esta población se concentra principalmente, en Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%) (Rangel, 2004). La población afrodescendiente representa alrededor del 30% de la población de la región, lo que representa cerca de 150 millones de personas. Algunos de los países con mayor número de personas afrodescendientes son Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%) (Bello et alt., 2000). A pesar de su significativa presencia, existe relativamente poca información sobre la población indígena y afrodescendiente en relación a su situación socioeconómica y a sus especificidades sociodemográficas y socioculturales (Peredo, 2004).

En los últimos años los pueblos indígenas han ganado espacios y garantías para sus derechos fundamentales, y han hecho escuchar su voz a partir de la lucha de sus propios movimientos y organizaciones. Lo mismo ha ocurrido con los grupos afrodescendientes, quienes han abogado por espacios de participación y la defensa de sus derechos en los distintos países donde tienen una presencia importante dentro de la población. En algunos casos han exigido cuotas o mecanismos de discriminación positiva que permitan una mayor representación y visibilidad política de sus demandas (Bello et alt., 2008). Sin embargo, a pesar de estos avances, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen presentando los índices más altos de pobreza y deficiente acceso a la salud, educación, empleo y seguridad social (CEPAL, 2007).


alt Declaración final de la Conferencia de Parlamentarias Indígenas; Tejiendo Alianzas Estratégicas para la Gobernanza y Democracia en America Latina y el Caribe. La Paz, 20 de enero de 2010 alt
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  1. Todas confrontamos los problemas similares, las mismas barreras y dificultades para una plena participación política.
  2. Es urgente asumir el reto de articularnos entre las parlamentarias y no parlamentarias para apoyarnos mutuamente, intercambiar información en un ambiente de hermandad y solidaridad, porque los cambios solicitan la participación de todas en los distintos espacios donde nos coordinamos y accionamos cotidianamente.
  3. Es necesario que las parlamentarias indígenas fortalezcan su conexión con las bases, para no perder nuestra comunicación. La fuerza de las bases es importante para lograr los cambios porque tan solo con la creación de nuevas leyes no es suficiente.
  4. Promover el cambio, cambiar los paradigmas, buscando o creando nuevas rutas para ejercer el poder, lograr participación política, formar más liderazgos de mujeres con una visión generacional porque el compromiso no es solo individual sino colectivo y para otras generaciones como pueblos originarios.
  5. Fortalecer los procesos organizativos mediante los conocimientos que generamos en la práctica, dando acompañamiento a las nuevas legisladoras o parlamentarias, pero también a las lideresas que retoman responsabilidades para cambios profundos de la comunidad o el país.
  6. Reconocer y valorar la experiencia de las lideresas indígenas en la construcción de movimientos que sientan precedentes en los cambios pacíficos para el avance en el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos como mujeres y pueblos indígenas.
  7. Promover el dialogo entre mujeres de distintas generaciones, entre hombres y mujeres de los distintos pueblos, así como con las mujeres de distintas realidades organizativas e identidades como las trabajadoras del hogar, las migrantes, mineras, parlamentarias, ministras, ex autoridades, jóvenes lideresas, aprendiendo unas de la otras, intercambiando experiencias, reconociéndonos como mujeres lideres para construir una agenda común.
  8. Trabajar en minga, trabajar en alianzas para ir construyendo entre todos el “Buen Vivir” sin violencia contra las mujeres, eliminando la mortalidad materna, respetando a la madre tierra como parte de ella y no como dueños y dueñas de su destino.
  9. Impulsar procesos de formación, preparación en las organizaciones y también a través de procesos formales para que las mujeres no solo estén en cargos invisibles sino como titulares o responsabilidades directas para lo cual hay que seguir fortaleciendo las capacidades y habilidades técnicas.
  10. Coincidimos en el desafío de crear una red de parlamentarias y ministras indígenas como mecanismo de consolidar las alianzas, siendo el Parlamento Indígena uno de los actores facilitadores para la concreción de este proceso.
  11. Esperamos que esta Conferencia sea el primer encuentro de muchos más, en las diferentes regiones y con la mayor cantidad de participación posible. Ver más
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La gran mayoría de mujeres y hombres indígenas vive en condición de pobreza. Gran parte de esta población ha perdido sus tierras y se ha visto obligada a emigrar hacia los centros urbanos, donde acceden a ocupaciones de mala calidad debido a sus bajos niveles educativos y a los prejuicios sociales. Además, los procesos de aculturación o pérdida de identidad cultural azotan a esta población y en mayor medida a jóvenes y hombres. Esto no se da tanto en el caso de las mujeres, ya que son ellas las principales encargadas, en base a los roles de género, de transmitir la herencia cultural a la descendencia (Torres-Rivas, 1995).

En el caso de la población afrodescendiente existe una sobre-representación de los jóvenes en el sistema penitenciario y una significativa sub representación en las universidades. El Parlamento Negro de las Américas ha evidenciado la bajísima representación política de los y las afrodescendientes, ya que menos de 100 diputados y diputadas electas representan a los 150 millones de afrodescendientes de la región. Ante esta situación, se hace inminente la necesidad de reflexionar y cuestionar la validez de las democracias representativas tal y como las conocemos (Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y la Diáspora, 2009).

Dentro de ambas poblaciones, son las mujeres las que sufren mayores índices de pobreza y desigualdad y mayores dificultades para enfrentarlas. Esto se da como resultado de la interacción de dos esquemas de exclusión; el racismo y la xenofobia, y el machismo. Así, las mujeres presentan mayores tasas de desempleo y mayor presencia en trabajos informales y poco cualificados, altas tasas de mortalidad materna y escaso acceso a la salud, la vivienda y la tierra.

El impacto de los procesos de globalización y mercantilización de los recursos naturales no ha tenido en cuenta el significado que tiene la tierra y la naturaleza en la cosmovisión indígena. Pero además ha generado impactos diferentes sobre mujeres y hombres. El efecto provocado sobre las mujeres tiene que ver con su rol tradicional de administradoras de los recursos naturales y el cuidado de la familia, que se ve amenazado por la explotación masiva de recursos por parte de las transnacionales. Además, las mujeres tienen menor acceso a la propiedad de la tierra y, por tanto, mayor vulnerabilidad ante el desplazamiento forzado por parte de gobiernos y grandes empresas.

Ante las dificultades de acceso a los recursos, las mujeres indígenas y afrodescendientes, y especialmente las jóvenes, se ven obligadas a migrar a las áreas urbanas para trabajar en el servicio doméstico o en el comercio. Los hombres por su parte, se incorporan a puestos de trabajo más inestables.

La distribución de la población por etnicidad y raza en los diferentes sectores ocupacionales, revela el tipo de segregación racial que existe en estos ámbitos. Por ejemplo en Brasil, un 40% de las mujeres negras y mestizas trabajan en el servicio doméstico mientras sólo el 15% de las blancas se dedican a esta actividad. Además, en este mismo país, el 37% de las afrodescendientes son la fuente primaria de ingresos de sus familias, frente a un 12% de mujeres blancas en esa situación. A su vez, la mujer negra en promedio percibe un tercio del promedio mensual que recibe la mujer blanca jefa de familia (Peredo, 2004).

En relación al acceso a la educación, los pueblos indígenas presentan los mayores índices de analfabetismo, sobre todo en los grupos de mayor edad y en las mujeres. Además, la educación formal en la mayoría de los países se ha dado en la lengua oficial, sin tener en cuenta la importancia de los idiomas y los códigos culturales propios de los distintos grupos étnicos para la transmisión de la cultura. De este modo, los procesos educativos que no toman en cuenta el respeto a la diversidad, se convierten en un instrumento de homogeneización cultural. Esto, sumado al fenómeno de la globalización, el vertiginoso desarrollo de la tecnología y el cada vez más imprescindible manejo de códigos y del inglés, limita todavía más las posibilidades laborales de estas poblaciones.

 

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Los censos son herramientas valiosísimas para la generación de conocimiento y el buen gobierno. Los resultados del censo nos dan información acerca de cómo viven las personas. A partir de esta información se pueden diseñar las políticas a nivel nacional y local; establecer programas de educación, salud, empleo, vivienda e igualdad de oportunidades y; generar investigaciones e indicadores sociales.

Los censos y encuestas usados en América Latina no han integrado de manera sistemática, uniforme y continua indicadores de raza y etnicidad que permitan establecer criterios homogéneos y comparables entre ellos. Esto ha dificultado la visibilización, el estudio y el acceso a políticas sociales de una gran parte de la población.

En los últimos veinte años mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes han logrado instalar sus demandas en las agendas públicas, defendiendo que estos datos son fundamentales para su visibilización y para definir políticas específicas que combatan la desigualdad generada durante siglos de exclusión.

Así, La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la Declaración y el Programa de Acción de Durban (Ver más) recomiendan a los Estados tomar medidas para combatir el racismo y la xenofobia, entre ellas recabar datos desagregados según el origen étnico y racial. Esta acción, es una necesaria herramienta técnica pero también un recurso político muy valioso para la participación y realización de los derechos de indígenas y afrodescendientes, y el fortalecimiento de la democracia. Para ello se debe contar con su participación en las diferentes etapas del proceso, incluyendo el diseño del instrumento, la sensibilización para los eventos censales y la aplicación de los cuestionarios (Rangel, 2004).

En la ronda de los censos de 2000 se lograron importantes avances; 17 de los 19 países que realizaron censos de población alrededor del año 2000, incorporaron preguntas para la identificación de la población indígena y/o afrodescendiente (CEPAL, 2009). Bajo este marco, el CELADE – División de Población de la CEPAL viene desarrollando una serie de actividades para incluir la variable de raza y etnia en los censos 2010, junto con otras agencias de Naciones Unidas, destacando el programa regional de Género, Raza y Etnia de UNIFEM en Brasil, Bolivia, Guatemala y Paraguay.

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