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La política fiscal tiene dos componentes: los ingresos y los gastos. La política de ingresos tiene por objeto obtener los recursos económicos necesarios para hacer frente a las necesidades del sector público, mientras que la política de gasto toma su forma concreta en la elaboración y formulación de los presupuestos. Las decisiones en torno a éstos, se vinculan a diversos objetivos entre los que se encuentran la satisfacción de un conjunto de necesidades que refieren a temas como la salud, la educación, economía, financiación, y en general, al cumplimiento de determinadas metas sociales.

A través de los presupuestos el gobierno especifica sus decisiones respecto a la división de los recursos públicos en las diversas funciones, políticas y programas; determina el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios públicos y; establece mecanismos distributivos y de inclusión social.  Pero las decisiones políticas y las actividades que llevan a cabo los gobiernos no son neutrales respecto al género, porque los hombres y las mujeres ocupan posiciones económicas y sociales diferentes y desiguales en la sociedad.

El compromiso con la igualdad social y de género desde la política fiscal supone también, incluir en las prioridades presupuestales programas de reducción de los diferentes grados de exclusión y desigualdades entre la población tomando en cuenta las necesidades diferenciadas (por sexo, edad, clase, etnia, raza, orientación sexual, necesidades especiales, ámbito rural o urbano, etc.). El debate entre gastos fiscales y gastos sociales debe resolverse contemplando su efecto desde la perspectiva de clase social o capacidad económica de las personas, junto al impacto de género.

La elaboración de una política presupuestaria, en relación al gasto público y la distribución de presupuestos con un enfoque de género implica aceptar la no neutralidad del gasto público, y reenfocar el mismo teniendo en cuenta el diferente impacto que genera sobre mujeres y hombres. Un buen ejemplo es el trabajo del cuidado no remunerado realizado por la población femenina. Es decir, las decisiones de política económica no deben dejar  fuera parte importante de la actividad económica de un país. Así, a través de la política de gasto público se pueden instrumentar actuaciones a favor de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, de igualdad de oportunidades y tantas otras.

Las iniciativas desarrolladas en el campo de los presupuestos pro-equidad de género -también llamados presupuestos con enfoque de género o presupuestos sensibles al género- apuntan a disminuir estas brechas, procurando alianzas entre los gobiernos, el funcionariado público y la ciudadanía, para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas y presupuestos equitativos. Estas iniciativas no sólo revisan los mecanismos de definición presupuestaria desde una perspectiva de género, sino también las estructuras para la participación ciudadana, la transparencia del proceso presupuestario, las evaluaciones por resultados y la contribución de estos factores a la gobernabilidad democrática.
Los presupuestos pro-equidad de género se han desarrollado a través de dos vías: el análisis de los presupuestos existentes desde una perspectiva de género y la praxis y propuesta sobre los mecanismos presupuestarios, de manera que éstos conduzcan hacia un presupuesto que posibilite y favorezca la igualdad entre hombres y mujeres (Presupuestos y género en América Latina y el Caribe, 2009).

La implementación de estas herramientas no tiene una única vía de actuación, sin embargo, por lo general los Presupuestos Pro-Equidad de Género comparten una serie de características:
  • No buscan formular presupuestos separados para hombres y para mujeres.
  • Se centran en el análisis y la consideración de los aspectos de género, la transversalización en todas las áreas y fases de los presupuestos, y en las políticas que posibilitan.
  • Promueven la participación activa de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.
  • Monitorean y evalúan con una perspectiva de género, la recaudación de recursos y su asignación por un gobierno.
  • Promueven un uso más efectivo de los recursos, en atención a la situación de las mujeres y hombres a quienes se dirigen, para avanzar hacia la equidad de género, la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano.
  • Su propuesta se centra en la discusión de opciones para priorizar el uso de los recursos existentes, y no necesariamente en el incremento del gasto e inversión de un gobierno, o el cambio en las cantidades de recursos asignados a cada sector particular (Presupuestos y género en América Latina y el Caribe, 2009).

 

 

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