Pamela Martín García Coordinadora de la Red Nacional de jóvenes y adolescentes para la salud sexual y reproductiva (REDNAC) Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer. Argentina.
“Socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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Argentina en los últimos 30 años
ha logrado, gracias a la lucha del movimiento de mujeres y ONGs, avances importantes
en el reconocimiento normativo de los derechos de las mujeres. No obstante,
tenemos un recurrente vicio por incumplir esas normas. Nuestro trabajo desde la
sociedad civil en el monitoreo de las políticas y su incidencia para ampliar
derechos es cada vez más determinante. Las argentinas conseguimos la Ley de Cupo
para cargos electivos parlamentarios nacionales, sancionada en 1991 y aplicada
a partir de 1993, y otra Ley de Cupo para el Senado, en 2001, que mejoró la
participación de las mujeres en la esfera legislativa. Según la Fundación
Directorio Legislativo [1],
la participación femenina más alta en la Cámara de Diputados se logró en el
periodo 2008-2009 con el 40%. En los dos últimos periodos 2010-2011 y 2012-2013
la representación femenina disminuyó. A esto se suma que la gran mayoría de las
mujeres que ocupan bancas en el Congreso Nacional son mayores de 40 años, es
decir, las mujeres jóvenes tienen serias dificultades para acceder: a ser mujer
se le suma ser joven, lo que parece restar para representar a la sociedad en un
país con presidenta mujer. Los partidos políticos cuentan con mayoría de
afiliadas, pero ellas encuentran enormes barreras: el machismo y las conductas
patriarcales a la hora de la participación en la vida política.
Otro ejemplo es la Ley de
Educación Sexual Integral, ESI, que se sancionó en 2006 y cuyo plazo de 4 años
para su efectiva implementación venció hace rato sin haberse universalizado
aún. Argentina es un país federal y eso es un obstáculo en la implementación de
leyes nacionales que requieren de la voluntad política del gobernador provincial
de turno. La lenta implementación de la ESI tiene implicancias en la igualdad
de mujeres y varones, ya que prevé contenidos sobre la eliminación de los
estereotipos de género que sustentan la desigualdad entre mujeres y varones.
También porque incluye prevención de la violencia contra mujeres promoviendo la
igualdad de poder en unos y otras y el respeto a la integridad corporal. En
este contexto, los y las jóvenes de la RedNac participamos en la promoción de
nuestros derechos sexuales y reproductivos en gran parte del territorio
nacional. Para este año hemos logrado conformar “Mesas Provinciales de Gestión
Tripartitas” con el Programa de Salud Integral en Adolescencia del Ministerio
de Salud-Nación y la sociedad científica, es un gran avance donde las voces de
los/as involucrados, los/as adolescentes y jóvenes, serán escuchadas.
Tenemos otra ley modelo, sobre
violencia contra la mujer sancionada en 2009. Sin embargo, está en alza el
femicidio y en baja las medidas de prevención, las campañas audiovisuales, la
incorporación en la currícula escolar de la prevención de la violencia, y la
articulación entre los ministerios y organismos nacionales, provinciales y
municipales que implica mayor uso de recursos con menor impacto. Según una ONG [2],
en el primer semestre 2012 ocurrieron de 119 femicidios de mujeres y niñas. En
Argentina, cada 48 horas se mata a una mujer: sólo en los primeros 14 días de
2013 se contabilizaron siete víctimas de violencia de género.
Tener una legislación modelo
progresista que promueve la equidad de género no alcanza. La realidad de las
mujeres y niñas no se traduce en la aplicación plena del marco legislativo
vigente automáticamente, se requiere trabajo y voluntad para el cambio. Desde
la sociedad civil reclamamos mecanismos que aseguren el ejercicio efectivo de
nuestros derechos y de los compromisos internacionales de Cairo (1994), Beijing
(1995) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por el momento, apenas
rasguñamos el alcance de estas metas, pero iremos por más.
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