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altSeguridad para todos ¿y todas?

Un breve recorrido por la violencia de género en América Latina.
Por Sandra Chaher[1]

Yo ahora siento que recuperé a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, conocí a mi nieta… Siento que no lo necesito, puedo trabajar y salir, me di cuenta de todo lo que puedo. Pero tengo miedo de que vuelva y me mate.”

 

Alejandra tiene 40 años, vive en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Vivió casi 20 años con el que fue su esposo. Muchas veces, le pegó casi hasta la muerte, humilló y maltrató delante de los hijos de ambos. A fines del 2009, después de una golpiza más, decidió dejarlo. Lo volvió a ver sólo una vez, de lejos. El tiene una orden de alejamiento que cumple a excepción de la escuela, donde sistemáticamente espera que el hijo salga para llevárselo sin permiso. Aún así, Alejandra tiene miedo de que la busque y la mate. En la justicia se está tramitando una causa por lesiones graves, por la que él podría recibir tres años de prisión. Cuando salga no va a parar hasta que me encuentre.”

Se calcula que la mitad de las mujeres de América Latina son víctimas de algún tipo de violencia de género y que al menos la mitad de las mujeres asesinadas en el mundo lo fueron por razones de género. Según la Campaña Únete contra la Violencia hacia las Mujeres, del Secretario General de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo fue o será víctima de violencia de género en algún momento de su vida y en América Latina el panorama es tan grave como para hablar de pandemia.

Se trata de un padecimiento arraigado en conductas culturales patriarcales que menosprecian a las mujeres, considerándolas propiedad de los varones y que limita seriamente las posibilidades de desarrollo de los países del continente.

Rebeca Grysnpan, ex directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), decía durante el lanzamiento regional de la Campaña Únete para combatir la violencia de género del 2009: La violencia de género presente en nuestras sociedades interpela nuestro modelo de desarrollo y de democracia, la sentencia es categórica. No habrá desarrollo humano si no erradicamos esta herida abierta contra la dignidad humana y los valores básicos de la sociedad como es la violencia contra la mujer. No habrá desarrollo humano si madres, hijas, hermanas, mujeres y niñas viven en el temor y sin libertad”.

La violencia de género es ejercida por los hombres sobre las mujeres en diversos ámbitos sociales: la casa, la calle, la escuela, el trabajo, y la lista podría seguir. Esta condición de inseguridad permanente es denunciada desde hace años por el movimiento de mujeres, reclamando a los Estados que reconozcan la violencia específica de género y actúen al respeto. Si bien el panorama hoy no es tan árido como hace treinta años, aún queda mucho por hacer para que las mujeres puedan sentirse tranquilas dentro de sus hogares y cuando atraviesan el umbral del mismo.

El marco normativo

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La mayoría de las mujeres infractoras incurren en delitos ordinarios –principalmente pequeños robos y fraudes, narcomenudeo, prostitución o agresiones no muy graves contra sus hijos o sus compañeros– y algunas de ellas reinciden a lo largo de los años, pero no son criminales de carrera y es muy raro que ejecuten crímenes de gravedad. (...) La persistencia notable de estas diferencias (entre mujeres y varones) se debe en parte a la prolongada vigencia histórica de las relaciones de género y en parte a las diferencias físico-sexuales subyacentes” se señala en el informe Abrir espacios a la seguridad ciudadana y al desarrollo humano- Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009/2010, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). [ver mas]

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La violencia de género es un problema cultural que requiere de intervenciones múltiples, desde la atención inmediata de las víctimas hasta la transformación de los estereotipos culturales que la perpetúan. Para efectivizar estos abordajes, se debe contar con buenas legislaciones y políticas públicas.

América Latina tiene un muy buen marco normativo a nivel nacional y regional. Se trata de la única región del mundo que cuenta con una convención específica sobre el tema: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará), sancionada en 1994 en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, en muchos países se avanzó en la sanción de leyes llamadas de segunda o tercera generación, en las que el objeto de la ley es específicamente la violencia de género y no la violencia doméstica o intrafamiliar, un concepto que invisibiliza la especificidad de la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres. Desde el año 2007 en adelante, Costa Rica, Guatemala, Argentina, México, Brasil, Venezuela y Colombia sancionaron este tipo de normas que consideran a la violencia de género como una violación de los derechos humanos de las mujeres. Algunas de las características de estas nuevas normas (que reemplazan a las de los años ’90) es que amplían las definiciones de violencia, toman en cuenta la diversidad de las mujeres víctimas, establecen más medidas de protección, eliminan prácticas como la mediación o la conciliación y endurecen las sanciones.

 

En América Latina y el Caribe se han hecho avances importantísimos en cuanto a legislación. Los desafíos actuales tienen que ver con, por un lado, lograr que todos los países tengan leyes integrales que cubran todas las áreas de ocurrencia de la violencia -doméstica, comunitaria y estatal- y diversas formas de violencia. Y, por otro lado, lo que se establece en las normas tiene que convertirse en políticas públicas si es que se quiere beneficiar a las mujeres. En muchos casos, las leyes se implementan parcialmente e incluso, las escasas medidas implementadas sólo benefician a las mujeres que viven en las capitales de los países, sin llegar a las que están en zonas rurales o en pueblos pequeños señala la abogada Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM) de Argentina.

La ruta crítica

El proceso de reconocerse como víctima de violencia de género e intentar salir de esa situación suele ser largo y complejo para las mujeres, y no exento de ausencias, negligencias y maltratos por parte de la sociedad y en particular del Estado. Este tipo de violencia es expresión y herramienta de control del sistema patriarcal, por tanto su práctica está naturalizada en la sociedad al punto de que es tolerada en cierta medida. No está lejos el tiempo en que se decía entre risas que era bueno darle un “chirlo” a las mujeres para que “se portaran bien” y, aún hoy, la violencia en el ámbito de las parejas es vista como un “tema privado” que debe ser resuelto por quienes la integran, aunque haya gritos desesperados de las mujeres pidiendo auxilio.

La Organización Mundial de la Salud define al proceso de salir de la situación de violencia como una ruta crítica que deben atravesar las mujeres:La ruta empieza con la decisión y determinación de las mujeres de apropiarse de sus vidas y las de sus hijos”.

Este camino empezó para Alejandra por sugerencia de una amiga, la única persona que por alguna razón su compañero no había intentado alejar de ella. Un día fui a la casa de ella muy maltratada, del cuerpo y de todo, él se había rayado por una pavada y me había molido a golpes; y ella me dijo ‘yo te voy a ayudar pero vamos a ir a la comisaría’. Al final me quede ahí una semana, y cuando llamaba por teléfono para hablar con mi hijo y avisarle que estaba bien, él me decía ‘¿que hacés vos ahí que tu hijo te quiere ver? Vení ya’. Entonces un día fui a ver a mi hijo y él me hizo quedar, el primer día muy bien, al tercero ya me pegó, esa paliza fue la más violenta, yo le veía odio en los ojos. Esa mañana me fui de nuevo a lo de mi amiga, con lo puesto y descalza, empecé a correr a correr y tomé un taxi y ahí ella me dijo de nuevo ‘Bueno, yo te ayudo pero vamos a al comisaría’. Y ese día fuimos.”

Ahí empezó para Alejandra otro calvario, quizá no tan duro como el anterior, pero el paso por comisarías, defensorías y tribunales fue arduo y tedioso. La burocracia administrativa no se compadece ante situaciones de excepción, en las que la vulnerabilidad está apenas detrás de los ojos.

El primer paso fue la comisaría. La llevó su amiga y la dejó porque tenía que ir a trabajar.Como me vieron que estaba así, toda golpeada, me dijeron: ‘Tenés que ir al hospital a pedir un certificado médico’, y como el patrullero estaba roto, tuve que ir caminando. Fui, esperé, volví y ahí si me tomaron la declaración. Y después mi amiga me ayudó a hacer todos lo papeles para entrar a un refugio”. Estuvo un mes en una casa secreta con otras mujeres en la misma situación. La mimaron, la contuvieron, la ayudaron a recordar por qué valía le pena vivir y contactaron a su mamá y hermanas para que tuviera un lugar donde estar cuando saliera. La familia la recibió con los brazos abiertos, como si la hubieran estado esperando.

Ahora vive en una casa en el mismo terreno que su mamá. Su hijo más pequeño está con ella, y por un tiempo también están su hija y su nieta. Uno de los dolores más fuertes es haberse perdido el primer año de vida de su nieta, no se lo perdona. Su esposo no le permitía ver a su hija, que también era hija de él, porque era quien lo cuestionaba y quién de joven se fue de la casa para no soportarlo. Hoy, esa hija es quién va al mediodía a la escuela a buscar al hermano y se lo pelea codo a codo al padre.

A fines del 2009, Alejandra inició una causa civil por la cual se emitió la orden de alejamiento que debe renovar cada 90 días y en la que también se está cursando el divorcio, y la tenencia y cuota alimentaria para su hijo. Y avanzó también en una causa penal que fue caratulada como “lesiones leves”. Con el tiempo, y mucha paciencia, se hizo los estudios médicos que comprobaron que había perdido piezas dentales por los golpes, y que se trataba de una situación de violencia de larga duración no denunciada antes por temor. También están pendientes estudios ginecológicos para determinar la existencia de lesiones, que aún no puede abordar por los altos costos. Mientras tanto, con lo que hay, podría modificarse la carátula del expediente de lesiones leves a graves y de forma que el agresor podría ser sentenciado a una pena de prisión no excarcelable.
Integrantes de la organización no gubernamental “Desde el pie”, que acompañaron a Alejandra desde que salió del refugio, dicen que es afortunada, que no todas las mujeres cuentan con tan buen equipo legal. Y también, que no todas las mujeres tienen la constancia que ella tuvo para seguir trajinando pasillos y oficinas en medio de la lentitud de los procesos judiciales.

 

Acceso a la justicia

El caso de Alejandra es, en cierta forma, y por ahora, “positivo” en relación al proceso judicial y a la forma en que ella está rearmando su vida. Son muy pocas las mujeres que denuncian a sus compañeros maltratadores, sólo una pequeña cantidad de estas denuncias se transforman efectivamente en causas judiciales y un porcentaje aún más pequeño obtiene sentencias. “Cuando las mujeres llegan al Poder Judicial, si lo hacen solas y sin otros servicios de apoyo, no es probable que se mantengan” señala la abogada Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. “Y luego hay muchas sentencias inadecuadas, pero son tan pocos los casos que llegan a una sentencia, que lo preocupante es la cantidad que se quedan en el camino.”

 

En el informe Seguridad para todas: La violencia contra las mujeres y el sector de seguridad, realizado por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), se señalan las dificultades que atraviesan las mujeres latinoamericanas en sus intento de llevar ante la justicia situaciones de violencia de género. Algunas de ellas son el insuficiente y poco adecuado patrocinio jurídico gratuito, la poca sensibilización sobre el tema por parte del Poder Judicial, las dificultades de acceso para las mujeres en situación de pobreza o que viven en zonas alejadas y los pocos programas de rehabilitación para víctimas.

Otro problema se presenta cuando las causas avanzan dentro del Poder Judicial. Una investigación presentada en noviembre del 2010 por la Defensoría de la Nación de Argentina sobre cómo trata el sistema penal de ese país a las víctimas de violencia de género, evidenció que el Poder Judicial actúa con poca seriedad en las investigaciones sobre hechos de violencia de género, manejándose con prejuicios y estereotipos de género en la valoración de las pruebas, y vulnerando los derechos de las víctimas durante del proceso. Según la investigación, estas falencias son consecuencia de malas prácticas, y no de ausencia de normas que permitan un buen trabajo.Pese a los avances obtenidos en la consagración normativa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los operadores jurídicos aún no reconocen en forma debida que la violencia de género es una vulneración específica de los derechos humanos de las mujeres, a pesar de la magnitud y gravedad del problema”, señala dicho informe.

 

Feminicidios

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En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña global Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, en respuesta a un consenso internacional propicio para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. La campaña hace un llamado a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación y al propio Sistema de Naciones Unidas para trabajar de manera conjunta en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sus objetivos prioritarios son: establecimiento e implementación de leyes nacionales, adopción e implementación de planes de acción multisectoriales, institucionalización de sistemas de análisis y recolección de información, lanzamiento de campañas nacionales y locales, sistematización de acciones de prevención y sanción de la violencia sexual en situaciones de conflicto. [ver mas]

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La violencia contra las mujeres por razones de género es definida como un proceso continuado, porque se desarrolla con la forma de un ciclo repetitivo. Según la psicóloga forense norteamericana Leonor Walker, el ciclo se divide en un primer momento de acumulación de tensión –cuando hay enojo, discusiones y acusaciones-, una segunda etapa en la que explota la violencia física con golpes y abusos, y el siguiente período de calma (también llamado de luna de miel), cuando el hombre niega la violencia, se disculpa y promete que no sucederá de nuevo. Estos ciclos no suelen tener fin a menos que la mujer ponga un límite o que, en alguna de las etapas de la explosión de violencia, el hombre termine con su vida.

Este tipo de asesinatos de mujeres, por el hecho de ser mujeres, fue definido por el movimiento feminista y los estudios académicos de género como femicidio o feminicidio. El término femicidio fue utilizado con un sentido político por primera vez en la década del ’80 y actualmente ya está reconocido en el lenguaje ordinario aunque la Real Academia Española de la Lengua aún no lo haya aprobado. Se trata de la muerte violenta de mujeres por razones de género y constituye la mayor violación a los derechos humanos de las mujeres. Puede desarrollarse en el ámbito privado a manos de conocidos o en la vía pública, por desconocidos, pero en ambos casos la mujer, o la niña, no es asesinada al azar, sino que se la ataca especialmente por el hecho de ser mujer. Una variante del término, feminicidio, fue incorporada por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde para dar cuenta de la necesaria ausencia del Estado, y la subsecuente impunidad, para que el hecho se produzca. Asumiendo que un Estado protector de los derechos humanos de las mujeres y garante de políticas públicas no permitiría tal cantidad asesinatos de mujeres por motivos de género que tienen lugar en las sociedades latinoamericanas.

Los países del continente no brindan información estadística sobre los feminicidios. Según el Centro Reina Sofía de España, que realiza un análisis comparativo en base a los datos de asesinatos de mujeres enviados por los países (y que no siempre desglosan los feminicidios en particular), la prevalencia media a nivel mundial, al 2006, era de 19,14 feminicidios por millón de mujeres. De los 14 países que están por encima de este promedio internacional, 11 pertenecen a América Latina y el Caribe: El Salvador (129 feminicidios por millón de mujeres), Guatemala (93), Colombia (50), Honduras (45), República Dominicana (38), Bolivia (34), Paraguay (38), Panamá (25), México (24), Puerto Rico (23), Costa Rica (20).

 

Seguridad y género

Alejandra es una de las tantas mujeres latinoamericanas que teme ser asesinada por su marido en cualquier momento, sólo bastaría que él lo decidiera, según la percepción que ella tiene. Esta inseguridad que viven específicamente las mujeres no suele ser valorada a la hora de diseñar las políticas de seguridad de los Estados. Se enfatiza el temor a las inseguridades que puedan vivirse en la calle, por la agresión de personas desconocidas y producto fundamentalmente de ataques contra la propiedad privada; sin embargo, para las mujeres hay más riesgos dentro que fuera del hogar.

Según la investigación del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD) Abrir espacios a la seguridad ciudadana y al desarrollo humano- Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. 2009/2010: “La violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central”. La investigación analiza la extensión de la violencia hacia las mujeres en el marco de otros tipos de situaciones de inseguridad y señala que el número de denuncias se compara al de las realizadas por hurtos y robos (sin tener en cuenta el subregistro habitual de este tipo de delitos, ya que son muchísimas las mujeres que no denuncian), con la diferencia de que las mujeres son las únicas víctimas de las primeras, mientras que tanto mujeres como hombres son víctimas de las segundas.

El estudio también investigó los registros de violencia desglosados por sexo en las ciudades. Los varones son los más afectados por homicidios y ataques callejeros, las mujeres son en mucha mayor medida víctimas de violencia física y sexual en el marco de relaciones íntimas; y mientras los delitos contra el patrimonio por regla general afectan más al sexo masculino, hay un tipo de despojo que padecen sobre todo las mujeres: la desatención de los deberes alimentarios adquiridos por el varón a favor de los hijos o de la compañera.

Estas situaciones generan una percepción diferente de la violencia en mujeres y varones: en todos los países una mayor proporción de mujeres dice sentirse inseguras en su barrio y también consideran que el nivel de violencia en la ciudad o pueblo en donde viven son más altos de lo que creen los hombres. Esta percepción del temor en las mujeres hace que su relación con las ciudades sea diversa a los varones.Las mujeres desarrollan estrategias, cambian recorridos, modifican rutinas, salen en grupo, y en general tienden tendencia a retirarse del espacio público ante las posibles agresiones. Las encuestas en diferentes ciudades de América Latina señalan que, ante el miedo, las mujeres no dejan de trabajar o de asistir a la familia, pero sí dejan de hacer vida política o de recrearse señala Ana Falú, directora del Instituto de Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y ex directora regional de UNIFEM para la Región Andina y Brasil y Países del Cono Sur entre el 2002 y 2009.

 

Políticas de seguridad

Otro aspecto vinculado a la seguridad y el género es el delito y la gestión del mismo. Mujeres y varones no delinquen de la misma manera, sin embargo los parámetros para evaluar el delito tienen mirada androcéntrica. La perspectiva de género recién penetró en los últimos años las instituciones de seguridad de la región de la mano de un cambio de paradigma en relación a la seguridad vinculado a la incorporación de los derechos humanos y la inclusión de las instituciones de seguridad en los procesos democráticos de la región, luego de haber tenido roles protagónicos en los golpes de Estado y dictaduras que asolaron el continente durante el siglo XX. Esta transformación propone reorientar a las instituciones hacia el servicio a la ciudadanía y la observancia y respeto por los derechos humanos. En este proceso, la perspectiva de género es una herramienta fundamental en la democratización de estos organismos, ya que colabora en la superación del androcentrismo.

Entre los cuerpos policiales de la región, la Policía Nacional de Nicaragua se caracteriza por la gran cantidad de mujeres que la integran y haber llevado adelante un proceso de democratización pionero, vinculado a la Revolución Sandinista que gobernó ese país entre 1979 y 1990. En la década de 1980, el 35% de la fuerza policial de Nicaragua estaba compuesta por mujeres; tuvieron la primera jefa policial de América Latina (Doris Tijerino Haslan); e inauguraron, en 1993, la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez de América Central.

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La violencia de género padecida por las mujeres genera temores que suelen ser resueltos de diversas formas. Una consecuencia del miedo es la limitación de recorridos y actividades. Diversos programas que se pusieron en práctica en América Latina y en el mundo en los últimos años buscan hacer de las ciudades ámbitos amigables para las mujeres e incluir la violencia de género dentro de la problemática de la seguridad ciudadana. [ver mas]

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Actualmente, el 30% de la fuerza está integrada por mujeres (al menos un 10% más que en el resto de los países de la región) y desde el 2006 hay otra mujer al frente de la institución: Aminta Elena Granera Sacasa (que ocupa el primer puesto en su país en credibilidad y aceptación). Pero si bien se avanzó mucho en equidad de género, aún persisten discriminaciones, por ejemplo en la distribución de tareas y cargos: mientras las mujeres llegan al 60% y 71% en puestos administrativos y de servicios (es decir muchas más que el 30% promedio de las que integran la fuerza), apenas el 22% está en cargos operativos y el 28% en puestos de dirección.

Vilma Reyes Sandoval es una de las mujeres que integra esta fuerza en un cargo jerárquico. Decidí dedicarme a esta tarea en 1980, por el compromiso asumido dentro del movimiento revolucionario que derrocó a la sangrienta dictadura somocista. Mi objetivo era mantener el vínculo con la comunidad con la que había estado luchando y aportar a su seguridadseñala.

Vilma tiene 56 años y desde el 2006 es Jefa de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Nicaragua. Cuando se le pregunta por el aprendizaje realizado en esa fuerza en relación a la condición de las mujeres, dice la reflexión más dura, dramática, que hice fue tomar conciencia del maltrato y la violencia intrafamiliar de que hemos sido víctimas las mujeres a lo largo de nuestra historia: más de 50 mujeres mueren cada año en mi país a mano de sus parejas, por revelarse o querer terminar la relación. Otra reflexión es la invisiblización a la que hemos sido sometidas, tenemos que rendir en todos los roles que nos toca cumplir, sin mayores errores, para poder ser”.

Hace 32 años que Vilma es policía y hace 21 años sufrió un quiebre en su profesión: “Me sentí muy afectada, sobre todo en el ámbito familiar, no encontraba el balance entre la profesión y la familia. Era madre soltera con dos hijas, una de 15 y otra de 5; una nana y mi familia fueron mi retaguardia. Ahora mis hijas ya son profesionales, una es socióloga y la otra abogada, salimos todas adelante. Creo que a un varón no le hubiera sucedido lo mismo, la cultura machista le soluciona este problema”.

 

Conflicto armado

El 25 de mayo del año 2000, la periodista colombiana Jineth Bedoya fue a la Cárcel Modelo de Bogotá a realizar una entrevista a un presunto paramilitar que le daría información clave para un artículo vinculado a un enfrentamiento armado que se había producido meses atrás en esa institución entre integrantes de grupos guerrilleros y paramilitares detenidos. Antes de ingresar, fue secuestrada por un grupo de hombres en la puerta del edificio de la cárcel y frente a una patrulla policial. La llevaron a una casa cercana donde durante 16 horas la golpearon, torturaron y violaron.

El caso fue inmediatamente denunciado pero 10 años después aún no hubo avances en la investigación.No hay ninguna persona sindicada, hay muchas mencionadas dentro del proceso, pero ni siquiera se ha llamado a una sola a declarar. Creo que no denunciar este tipo de hechos ayuda a la impunidad, pero es aún más triste cuando denunciándolos las autoridades no toman medidas y se ve una inoperancia de parte de la fiscalíadijo Bedoya en el 2010, cuando decidió hacer público el caso, en una entrevista que puede verse en Youtube.

En junio del 2010, el diario El Tiempo, de Colombia, donde Jineth se desempeña como subdirectora del Área de Judiciales, publicó un artículo extenso sobre las violaciones sexuales en el contexto del conflicto armado, dando visibilidad a un tema que los medios y la sociedad colombiana prefieren no enfocar. La nota se hizo como consecuencia de un informe que acaba de publicar el estado colombiano sobre los casos investigados de violencia sexual. Se trataba de 518, uno de ellos el de Jineth.A mi jefe le dieron el informe, él arrancó la hojita donde estaba mi caso, el 162, y me la dio. Yo le agradecí el respeto porque sé que lo hizo por respeto, pero también sentí como que decía que había que obviarme. Y yo me preguntaba: ‘A mi me pasa esto porque estoy en la redacción pero qué pasa con las otras 517 mujeres. O sea, somos un número nada más y a pesar de que se mencionó el tema quedamos como un número, ninguna de esas mujeres tenía ni nombre, ni cara, ni nada.”

 

Ese primer informe se debatió mucho en la redacción. Saldría un domingo, ¿no sería irritante como menú familiar? ¿Qué lenguaje usar para no agredir la sensibilidad de la gente? ¿Tenía sentido salir de la política partidaria coyuntural y del Mundial de Fútbol para meterse con este tema? Fue muy doloroso escribirlo, tengo que decirlo –recuerda Jineth-. Cada párrafo habla de que hubo una agresión en Medellín, que a esta niña le pasó esto, y al leer cada caso es volver a revivir el tuyo, es pensar en lo que te sucedió. Lo único que agregué como víctima fue que al final de la nota principal puse: ‘Lo que más les duele a las mujeres es la actitud de las autoridades porque la impunidad es una segunda violación’.

Jineth es uno de los miles de casos de mujeres abusadas sexualmente en el contexto de sociedades enfrentadas en conflictos armados, pero es una de las pocas que pudo salir del silencio en que las adormece la culpa que sienten por haber sido violentadas. Una encuesta de prevalencia de la violencia sexual en Colombia durante el conflicto armado entre el 2001 y el 2009, realizada por la Campaña Violaciones y otras violencias en 407 municipios (con presencia de fuerza pública, guerrilla, para militares u otros actores armados), dio como resultado que el 18% de las mujeres fueron víctimas de abuso sexual, lo cual equivale a 489.687 mujeres, un promedio de 6 violaciones por hora. El 82% no denunció lo que le sucedió, y el 74% dijo que la presencia de los grupos armados en la zona era un obstáculo para la denuncia.

La violación y el abuso sexual -junto a la prostitución forzada, las amenazas con contenido sexual, el secuestro y la esclavitud sexual de mujeres y niñas, las mutilaciones sexuales, y la imposición de prácticas de control de la reproducción- son algunas de las estrategias utilizadas por las estructuras patriarcales en el marco de conflictos armados. El carácter sexual de la violencia hacia las mujeres en momentos de conflicto se vincula al derecho que se conceden los hombres de ser poseedores de sus cuerpos en tiempos de paz y de guerra y es utilizado como una de las herramientas que se ponen en juego para aniquilar al enemigo.El mensaje para los varones es: violo tu mujer, tu propiedad, te afrento a ti y el honor de tu familia’, además de recordarles que han fallado en su rol de protectores. De este modo, la violencia sexual contra las mujeres implica el ejercicio de poder sobre ellas, pero también sobre los hombres señala la investigación de la Campaña Violaciones y otras violencias.

En 1998 fue adoptado, en el marco de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es intervenir en relación con los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional: genocidios, guerras y crímenes de lesa humanidad. La oportunidad fue aprovechada para codificar por primera vez, a nivel internacional, crímenes de violencia sexual y de género como los de mayor gravedad bajo el derecho internacional: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. El Estatuto de Roma entró en vigencia en julio del 2002. Pero antes de eso, la violencia sexual ya había quedado asentada en la jurisprudencia internacional como crimen de lesa humanidad durante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia (2001) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1998).

En el contexto de América Latina, diversas organizaciones de mujeres están peleando porque la violencia sexual cometida en el marco de conflictos armados internos sea juzgada como crimen de lesa humanidad en las justicias locales. Es el caso de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), en Perú –en relación al conflicto armado que atravesó ese país entre 1980 y 2000- y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), en Argentina –acerca del período en que una dictadura militar gobernó el país entre 1976 y 1983-.

 

Construcción de la paz

Así como las mujeres tienen un rol destacado como víctimas de todo tipo de abusos sexuales en el marco de los conflictos armados, también pasan a ocupar lugares importantes en las sociedades durante el transcurso de los mismos –como sostenedoras de la estructura social, política y económica- y en la posterior construcción de la paz.

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad cuyo objetivo fue visibilizar estos dos roles paralelos. La Resolución protege a las mujeres, niñas y niños -los sectores de la población más afectados durante los conflictos armados- y a la vez promueve la participación plena e igual de las mujeres en los procesos de edificación de la paz y la reconstrucción.

Los conflictos armados generan oportunidades para avanzar en relaciones de género más igualitarias. Durante los conflictos, en muchas partes del mundo, las mujeres han estado con frecuencia en primera línea en los esfuerzos para alcanzar la paz: encabezan hogares, cuidan a las personas enfermas y de mayor edad, sostienen a sus familias y comunidades, y aseguran la supervivencia de las mismas. Y en muchos casos son quienes inician los esfuerzos dirigidos a construir la paz, movilizando y dando voz a los civiles traumatizados por la violencia y las atrocidades. Las organizaciones especializadas sostienen que mucho tiempo después de haber terminado la ayuda y el apoyo internacional, son las mujeres quienes se hacen cargo de los miembros de su familia devastados por la guerra, ofreciendo una continuidad que permite a las familias y las comunidades sanearse y seguir adelante. No obstante, son menos del 10% de las personas que negocian la paz y, con mucha frecuencia, son vistas como víctimas pasivas y silenciosasseñala Cármen de la Cruz, responsable del Área Práctica de Género del Centro Regional de PNUD para América Latina y especialista en género y desarrollo.

 

Ámbitos seguros para todas y todos

Los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres llevan siglos de práctica y perfeccionamiento en las sociedades patriarcales y son una expresión brutal de los estereotipos fijos y las discriminaciones con las que somos concebidas las mujeres. La sanción a este tipo de conductas, en cambio, tiene apenas décadas y aún no está afianzada culturalmente, en gran medida porque además de las normas son imprescindibles transformaciones profundas del imaginario colectivo.La violencia contra las mujeres constituye un dispositivo eficaz y disciplinador de las mujeres en su rol subordinado y es por tanto un componente fundamental en el sistema de dominación, no un mero acto de abuso individualse señala en el informe Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América latina y el Caribe, realizado en 2010 por Lorena Fríes y Victoria Hurtado para la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL).

Una estrategia posible para que las sociedades valoren y se propongan dar fin a las violencias sufridas por las mujeres es observar estas discriminaciones como conflictos de seguridad ciudadana. Si las mujeres no están seguras en sus casas, ni caminando por la ciudad, si son blanco específico cuando hay conflictos armados, si sus cuerpos son terreno de uso y abuso por parte de los hombres, esto debería ser contemplado en el diseño de las políticas públicas de seguridad.

La seguridad es un bien público por lo cual los gobiernos deben generar políticas que garanticen la seguridad ciudadana de todas y todos, y por tanto debe incorporar las violencias que sufren las mujeres en base al género. Es necesario hacer más fuertemente visible la vinculación entre derechos ciudadanos y el derecho a vivir una vida sin violencias, las mujeres deben tener iguales derechos ciudadanos que los hombres señala Ana Falú.

Lo más importante es cambiar el paradigma para incluir a todos y todas las habitantes de un país de tal forma de garantizar que la integridad física, la libertad y la vida de varones y mujeres sea considerada cuando se discute este tema. Si la mayoría de las lesiones o muertes violentas de mujeres se producen por violencia de género, una teoría de la seguridad que sea integral debe incluir la violencia de género. De lo contrario, solo estaría abordando los problemas que preocupan a la otra mitad de la poblacióncompleta Susana Chiarotti.

Las sociedades latinoamericanas, algunas de ellas las más violentas del planeta, tienen el desafío de avanzar en la resolución de los conflictos de seguridad ciudadana. La experiencia ha demostrado que no habrá política pública de seguridad exitosa mientras el continente siga siendo foco de feminicidios.

No hay posibilidad de ufanarse del descenso de los ataques a la propiedad privada o de los homicidios callejeros, si no disminuyen la violencia hacia las mujeres en los hogares o los abusos sexuales dentro y fuera de ellos. La detención del miedo ciudadano también debe tener el sello de la equidad.



[1] Colaboró la periodista colombiana Fabiola Calvo en la entrevista a Jineth Bedoya.

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