El debate sobre la financiación para el desarrollo se inició en el contexto de la crisis asiática en la década de 1990. La Asamblea General aprobó la propuesta de celebrar en marzo de 2002 la primera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Monterrey. Representantes políticos, de la sociedad civil y del sector empresarial llegaron a esta Conferencia convocada por Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objeto de discutir sobre la movilización de recursos de financiación para el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales para el desarrollo, especialmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La resolución final adoptada al término de la Conferencia, fue denominada el Consenso de Monterrey (ONU, 2010).
La Conferencia de Beijing de 1995 ya había instado a los gobiernos a incorporar género en los procesos presupuestarios y a asegurar la asignación necesaria para los programas de igualdad, reconociendo de esta forma la necesidad de invertir en la igualdad entre los géneros para alcanzar otros objetivos de desarrollo. Sin embargo, las estrategias de financiación del Consenso de Monterrey no contemplaron la perspectiva de género y aún hoy, las asignaciones presupuestarias, tanto desde las cuentas nacionales como de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), siguen siendo escasas y muy difíciles de medir comparativamente.
El Consenso de Monterrey recibió numerosas críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de mujeres. Se le achacó especialmente la incongruencia de intentar unir el enfoque de desarrollo humano al planteamiento de liberalización del mercado. Varias economistas feministas señalaron también la ausencia total de perspectiva de género en las estrategias de financiación al desarrollo aprobadas en el Consenso y los grupos de Mujeres reclamaron que no se trataron adecuadamente los compromisos internacionales sobre igualdad de género y derechos económicos de las mujeres (PNUD, 2008).
A partir de las deficiencias identificadas en el Consenso de Monterrey, investigadores e investigadoras, activistas y algunas agencias de Naciones Unidas, desarrollaron propuestas y recomendaciones para asegurar que en la Conferencia sobre la Financiación al Desarrollo que se realizaría en Qatar en 2008, se promovieran las medidas necesarias para que los gobiernos incorporasen completamente la perspectiva de género en las seis áreas claves del Consenso de Monterrey:
- Movilización de recursos financieros internos
- Movilización de recursos internacionales
- Comercio internacional como promotor del desarrollo
- Mayor cooperación financiera y técnica internacional
- La deuda externa
- Tratamiento de cuestiones sistémicas
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW por sus siglas en inglés) se reunió en Nueva York en marzo de 2008 para tratar como tema prioritario “la financiación para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. En el marco de la reunión, el Caucus de Género Latinoamericano, conformado por la diversidad del movimiento de mujeres, apuntó la necesidad de un compromiso político fuerte de los gobiernos y de las instituciones internacionales y financieras para asignar más recursos financieros y humanos permanentes para el empoderamiento de las mujeres; y la pertinencia de incorporar a grupos autónomos de mujeres en el diseño, instrumentación y monitoreo de los programas de desarrollo económico en todos los niveles de gobierno.
Como resultado de la reunión anual, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer concluyó que "los compromisos globales para lograr la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres todavía no han sido implementados" (ONU, 2008a). Se llamó la atención sobre el creciente proceso de "feminización de la pobreza" que no puede ser erradicada "sin invertir recursos suficientes para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres" y se hicieron una serie de recomendaciones:
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Recomendaciones... |
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- Calcular económicamente los esfuerzos para la equidad de género y reflejar los costos en los presupuestos.
- Realizar periódicamente evaluaciones sobre el gasto en equidad de género.
- Elaborar informes adecuados y detallados sobre asignación de recursos.
- Utilizar datos desagregados por sexo e indicadores sensibles al género.
- Desarrollar análisis de género de las políticas macroeconómicas, sistema tributario, gasto público, inversiones y finanzas.
- Tener en cuenta la perspectiva de género en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas comerciales y facilitar la participación de las organizaciones de mujeres en los espacios de toma de decisiones comerciales.
- Garantizar el funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas e instrumentos para supervisar y evaluar los sistemas públicos de gestión financiera.
- Aumentar los recursos para acciones específicas de igualdad de género y para la transversalización del enfoque de género.
- Implementar “pilotos” de propuestas innovadoras de Financiación para la igualdad de género (PNUD, 2008).
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A finales de 2008 se celebró el tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en Ghana, un espacio importante de discusión y debate, en el que la incidencia de las mujeres recordó nuevamente el papel crucial de la eficacia de la ayuda para la igualdad de género. Tres años después de la Declaración de Paris, elaborada en el segundo Foro de Alto nivel, se abrió de nuevo la oportunidad de que los países donantes y receptores se comprometieran con la canalización eficiente de la ayuda al desarrollo en apoyo a políticas de género de los países, esta vez, sin olvidar la necesidad de un profundo diálogo entre gobiernos y con actores no-gubernamentales clave.
Las distintas reuniones y foros de deliberación e incidencia culminaron con la celebración de la “Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey” que tuvo lugar en Doha (Qatar), del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008. Esta conferencia representó de nuevo una oportunidad para insistir en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las áreas de acción prioritarias del Consenso de Monterrey. Para ello, la sociedad civil, los gobiernos e instituciones y el sistema de Naciones Unidas realizaron propuestas y recomendaciones en cuatro grandes temas (PNUD, 2008):
- Políticas macroeconómicas y seguimiento al Consenso de Monterrey.
- Finanzas públicas y presupuestos de género.
- Ayuda bilateral y multilateral.
- Financiación del Movimiento de Mujeres.
La Declaración final de la conferencia recordó que la igualdad entre los géneros es un derecho humano básico, esencial para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la eficacia del desarrollo. Y reiteró “la necesidad de incorporar las cuestiones de género en la elaboración y la ejecución de las políticas de desarrollo, como las políticas de financiación para el desarrollo, y de contar con recursos para esos fines”. Para ello los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes se comprometieron “a redoblar [su] empeño por cumplir los compromisos contraídos acerca de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer”.
El artículo 19 de la Declaración señala algunas medidas para lograr un desarrollo equitativo y efectivo y fomentar una economía dinámica, y compromete a los estados parte a: eliminar la discriminación basada en el género en todas sus formas, incluso en los mercados laborales y financieros, en la propiedad de los bienes y los derechos de propiedad; promover los derechos de la mujer, sobre todo su empoderamiento económico; incorporar de manera efectiva las cuestiones de género en las reformas jurídicas, los servicios de apoyo a las empresas y los programas económicos; otorgar a la mujer acceso pleno y en igualdad de condiciones a los recursos económicos; reforzar la capacidad de los agentes estatales y otros interesados directos para llevar a cabo una gestión pública en la que se tengan en cuenta las cuestiones de género, gestión que incluirá, entre otros, la elaboración de presupuestos con una perspectiva de género (ONU, 2008b).
