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En la década de los 80 comenzó el proceso de descentralización de los gobiernos locales, a través de una serie de reformas destinadas a redefinir el rol del estado nacional. Este proceso de modernización tuvo lugar en el contexto de la crisis económica y de las políticas de ajuste estructural exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar la eficiencia técnica, administrativa y financiera de la gestión pública.

Por otro lado, el fomento de la descentralización también fue influenciado por los procesos de transición democrática de regímenes militares a gobiernos civiles (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia), de apertura democrática (México), y por los acuerdos de paz de países como El Salvador y Guatemala. En este nuevo escenario, los incipientes movimientos sociales, las luchas de las organizaciones populares, urbanas y rurales, y las movilizaciones por la democracia y los derechos humanos, contribuyeron decisivamente a la redemocratización y a la apertura de nuevos espacios de participación social y política en los ámbitos municipales (Massolo, 2006).

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Un proceso de modernización y reforma de los Estados nacionales, mediante el cual se transfieren competencias, poder de decisión y recursos desde el gobierno central a instancias del estado más cercanas a la ciudadanía, como pueden ser gobiernos regionales, estatales, municipales, provinciales, etc. dotándolas de recursos financieros e independencia administrativa, así como de legitimidad para mejorar la producción de bienes y servicios a través de la participación ciudadana. Ver más

descentralizacion

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No fue hasta la década de los noventa que los movimientos y organizaciones de mujeres comenzaron a orientar su mirada al potencial transformador de la descentralización y los municipios. Hasta entonces habían dirigido sus reivindicaciones al estado central, pensando que el ámbito municipal no podría responder a sus demandas. Además, la marca “neoliberal” de las reformas descentralizadoras generaban desconfianza al interior del movimiento. Temían que la falta de recursos y apoyos suficientes para una eficiente gestión municipal, podría significar nuevamente el aumento de trabajo no remunerado para las mujeres y su marginación de los puestos, comisiones y áreas municipales que recibieran recursos y que serían codiciados por los hombres.

En el ámbito local, el municipio adquiere una importancia enorme ya que constituye el referente político-administrativo territorializado. Esta cercanía abre un sinfín de oportunidades a la participación de la población en la gestión municipal. Sin embargo, para que la descentralización se convierta en un recurso realmente eficaz es necesario que el traspaso de competencias y funciones vaya acompañado de los recursos financieros suficientes, y de un nivel adecuado de capacidades políticas, institucionales y técnicas por parte de las autoridades municipales. Asimismo, se requieren mecanismos efectivos de participación ciudadana y rendición de cuentas para asegurar el potencial democratizador de la descentralización. De lo contrario, el poder puede volver a concentrarse en las élites locales (Massolo, 2006).

Cuando estos objetivos están cubiertos, la descentralización posibilita una interlocución más ágil entre el gobierno local y la sociedad civil, dando lugar a una apertura de espacios y participación en los que pueden integrarse nuevos actores, como las organizaciones de mujeres. Se trata de un ámbito con un gran potencial para posicionar los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres, formular e implementar políticas públicas de igualdad de oportunidades, desarrollar medidas afirmativas para fomentar su ciudadanía y su participación política, prevenir la violencia de género, etc. Sin embargo, la práctica no se ha mostrado tan optimista y, a menudo, las mujeres encuentran más prejuicios y mayores obstáculos en el ámbito local que en el nacional.


Pocas mujeres en los gobiernos locales

A pesar del importante activismo social a nivel local y comunitario de las mujeres, apenas alcanzan el 10% de los cargos de alcaldesas; sólo Chile (12,1%), República Dominicana (11,3%) y Nicaragua (10,4%) alcanzan los dos dígitos. Los datos son más favorables en lo que se refiere a la presencia de mujeres concejalas en los concejos municipales. Sin embargo las cifras oscilan entre la ausencia total de concejalas electas como titulares en el caso de Panamá, o el 5,9% de Guatemala, hasta el 47,6% de Costa Rica y el 37,8% de Nicaragua (Llanos et alt., 2008).

Entre los principales obstáculos para aumentar la presencia femenina en el ámbito local, destacan: la debilidad democrática existente en la región; la división entre el ámbito productivo y el reproductivo y la presión social y comunitaria para que las mujeres permanezcan a cargo del cuidado de las personas dependientes y del hogar; el menor acceso a la educación; la falta de experiencia en los ámbitos de participación política tradicionalmente ocupados y monopolizados por los hombres; las prácticas políticas tradicionales, basadas en actitudes caudillistas, y los obstáculos y prejuicios que deben enfrentar las mujeres para permanecer en los cargos de decisión. (Massolo, 2007).

La progresiva articulación de redes y asociaciones de mujeres municipalistas que tuvo lugar a finales de los 90, junto con la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y los programas de la agenda municipal, son sin duda algunos de los cambios más importantes que han tenido lugar en este ámbito. Las redes de mujeres municipalistas han avanzado gran parte del camino a través de la articulación de consensos más allá de las diferencias partidarias, ideológicas o identitarias y la construcción de un frente común para protegerse de la hostilidad masculina al interior de las alcaldías. A través del trabajo colectivo están logrando relevar y visibilizar el problema de las desigualdades de género, promueven la formación de las mujeres para mejorar sus capacidades e intercambian conocimientos, aportan al fortalecimiento institucional de los municipios y defienden la participación femenina en la toma de decisiones de los gobierno locales (Massolo, 2007) Ver más.

La atención prestada por los municipios a la igualdad de género es todavía muy limitada. En pocos casos todavía se han desarrollado políticas municipales de igualdad o planes de igualdad. Ha sido más frecuente la creación de oficinas de la mujer para atender los problemas específicos de las mujeres. Pero generalmente estas instituciones no han contado con presupuestos ni personal suficiente, han quedado marginadas de la toma de decisión municipal y no se ha traducido en un ejercicio de integración en el quehacer municipal.
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