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La institucionalidad de género está compuesta por un entramado de compromisos internacionales, leyes, mecanismos y actores que han hecho posible la legitimación del problema de las desigualdades de género en la sociedad y el Estado. Esta amplia red abarca ámbitos que van desde la construcción de nuevas concepciones sobre las relaciones de género, pasando por la incorporación de las desigualdades entre hombres y mujeres a las agendas públicas, hasta la institucionalización de esta problemática en el Estado (CEPAL, 2001).

Este proceso tomó fuerza a partir de los años noventa, ante la demanda compartida por los movimientos feministas de la región, que exigían la creación de leyes y políticas, y de mecanismos nacionales responsables de abordar los problemas derivados de la discriminación de género. Las recomendaciones que resultaron de las distintas Conferencias de Naciones Unidas sobre la Mujer y los debates en torno a la modernización del Estado y la redefinición de sus relaciones con la sociedad, fueron también elementos determinantes para el avance de la institucionalidad de género.

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El origen de los Mecanismos para el Avance de la Mujer (MAM) o Mecanismos Nacionales de Igualdad (MNI) se remonta a la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México en 1975, en la que se afirmó que la creación de este tipo de mecanismos constituía una medida efectiva para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Posteriormente, las Conferencias de Nairobi (1985) y Beijing (1995) retomaron la reivindicación del movimiento de mujeres que exigía la creación y fortalecimiento de instituciones de ámbito nacional que se convirtieran en rectoras de las políticas de igualdad y en promotoras de la transversalización del enfoque de género en políticas, planes y programas estatales. Esto dio lugar a la creación masiva de mecanismos nacionales en los países latinoamericanos que aún no los tenían (Bareiro, 2007).

Algunos de los obstáculos que enfrentan estos mecanismos tienen que ver con las posiciones relativamente marginales que ocupan muchos de ellos en la estructura del estado. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (2010), el 40% de los MAM tienen rango ministerial, mientras el 21% son entidades adscritas a la Presidencia y el 39% dependen de un Ministerio (viceministerios, subsecretarías, institutos, consejos, etc.).

Entre otras de las dificultades más frecuentemente apuntadas destacan las limitaciones presupuestarias y la escasa apropiación del potencial ofrecido por los procesos de reforma del estado para participar desde adentro en las transformaciones estructurales como la descentralización. El movimiento y las organizaciones de mujeres y feministas solicitan también mayor incidencia en la construcción de sus agendas y en los planes de acción (Bonder / PNUD / AECID, 2009).

Las primeras Bancadas Femeninas y Comisiones Interparlamentarias surgieron a finales de los años 80 para impulsar normativas a favor de las mujeres, fortalecer la representación femenina en los órganos legislativos y promover la igualdad entre los géneros. Constituyen espacios de gran relevancia que han sido capaces de trascender las identidades ideológicas y políticas – no sin dificultades- para promover agendas legislativas comunes que promuevan los derechos de las mujeres y la fiscalización de las políticas de género.

Este tipo de iniciativas ha logrado relevar temas ausentes en la preocupación pública o estancados por la resistencia masculina o ideológico-política como la violencia de género, salud sexual y reproductiva, etc. Además, han permitido el intercambio de experiencias y aprendizajes entre las mismas parlamentarias, aportando a la construcción de una forma distinta de hacer política (Bonder / PNUD / AECID, 2009). En América Latina tenemos varias experiencias en este sentido; la Bancada Femenina del Congreso Nacional Brasileño (1988); la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia, UMPABOL (1996); la Bancada Bicameral Femenina de Uruguay, BBF (2000); La Comisión Accidental Bicameral para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Colombia (2006); la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, MMPP (2006) y la Banca de la Mujer de Argentina (2008) Ver más.

Muchos países de la región cuentan también con mecanismos sub-nacionales para los asuntos de género, entre ellos, las Oficinas Municipales de la Mujer o las políticas para la equidad de género en los gobiernos locales. En este contexto cabe señalar el potencial de las redes de mujeres municipalistas creadas con el objetivo de promover la participación política de las mujeres, fortalecer las capacidades de las mujeres en los espacios de decisión e incorporar el enfoque de género a la gestión municipal. La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas, ANDRYSAS o la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL son algunos ejemplos de estos espacios de promoción de la participación política y los intereses de las mujeres a nivel municipal.

Como vemos, dentro de esta amplia red coexisten diversos actores e instituciones a nivel local y nacional. A los ya mencionados se están incorporando en los últimos años otros como por ejemplo los Espacios de Diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, las Defensorías de la Mujer o de Género (Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica), las Unidades de Género de las Instituciones del Poder Judicial ó las Unidades de Género de los Ministerios. También encontramos espacios regionales como la Reunión Especializada de Mujer dentro del Mercosur (REM) o el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA).

Los marcos legales

Gracias a la incidencia y la articulación de los diversos actores, y especialmente al trabajo constante de las organizaciones de mujeres y feministas, ha sido posible la consecución del marco de legalidad con el que contamos hoy. Junto a la CEDAW, las legislaciones de Igualdad, las leyes contra la Violencia contra las Mujeres, y las leyes de Cuotas de representación política, conforman este marco legislativo destinado a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres.

La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, CEDAW, aprobada en 1979, es el instrumento más importante de protección de los derechos de las mujeres. Compromete a los países a presentar informes periódicos que permitan constatar los avances alcanzados a nivel de legislación, políticas públicas e institucionalidad, en materia de igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, el Comité de Expertas enuncia recomendaciones a los Gobiernos. El Protocolo Facultativo, aprobado en 1999, establece mecanismos de exigibilidad y equipara la Convención con otros instrumentos de derechos humanos (IIDH, 2004). Sin embargo, aunque en los últimos años varios países de América Latina han ratificado el Protocolo aún quedan algunos sin hacerlo; Honduras, Nicaragua, El Salvador y Chile.

La promulgación de leyes de igualdad en América Latina es un fenómeno bastante reciente. A partir de 1990, varios países de la región aprobaron este tipo de normativas para reducir las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, y dotar de un marco jurídico y administrativo a los Planes de Igualdad implementados durante los años anteriores. Mientras estos planes o programas constituían políticas gubernamentales, las leyes de igualdad representan políticas de estado que deben ser tenidas en cuenta para cualquier decisión gubernamental o de otro poder público a la hora de formular e implementar programas o proyectos. De esta manera, legalmente las políticas de igualdad dejan de depender de la voluntad política y no se ven tan afectadas por los cambios de gobierno (Torres, 2004).

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Luces de leyes de igualdad

Las leyes de igualdad permiten desarrollar o actualizar el principio de igualdad o de no discriminación contemplado en las constituciones nacionales, disminuyendo la discrecionalidad de las y los jueces en su interpretación, y validan la adopción de mecanismos para alcanzar la igualdad real, tales como las medidas afirmativas o medidas de acción positiva. Costa Rica, Venezuela, Panamá, Honduras y Colombia, cuentan con las leyes de igualdad más antiguas, con más de diecinueve años de antigüedad en el caso costarricense. Las más recientes son las de México, Nicaragua, Perú y Uruguay.

Así, el proceso de institucionalización, con las particularidades y especificidades de cada país, ha dado lugar a nuevos marcos que orientan el diseño de políticas, los cambios en las agendas institucionales y la creación de nuevas instancias, leyes, normas y recursos para el avance de las mujeres y el logro de la igualdad. Un paso ineludible hacia una verdadera gobernabilidad democrática .

 

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